El Ayuntamiento de Palma y el Govern pedirán al Consejo de Administración del Palacio de Congresos, del que forman parte, que anule el proceso de adjudicación de esta infraestructura y el hotel anexo al grupo Barceló tras el informe de la UIB que ha detectado varias irregularidades en las bases del concurso.

El alcalde de Palma, José Hila, y el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, han informado hoy en una rueda de prensa de la situación en la que se encuentra el Palacio de Congresos tras el informe jurídico de unas 50 páginas que ha elaborado el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

"Ante esta evidencia y este desastre en la gestión del interés público y del procedimiento, detectadas las irregularidades, de la tasación caducada, de haberlo hecho por concurso y no por subasta, vista la pérdida de hasta 80 millones que podía suponer y que no teníamos la seguridad de que nos devolviesen el Palacio ya sin el hotel, la junta de gobierno propondrá que no ratifique la propuesta de adjudicación por parte del Consejo de Administración del Palacio de Congresos y pedir que anule el procedimiento y no adjudique", ha resumido Hila.

Barceló por su parte ha explicado que una vez se concrete este proceso de anulación quedarán dos posibilidades, "hacer un nuevo concurso, con unas bases correctas, o estudiar una gestión directa del Palacio de Congresos con el alquiler del hotel".

El vicepresidente ha prometido "rigurosidad, celeridad y las máximas garantías jurídicas y asegurando, por delante de todo, que los intereses generales de la ciudadanía balear queden garantizadas".

Ha detallado que en las próximas semanas, hasta la concreción del trámite formal de petición de anulación, "se estudiará la viabilidad" de las dos fórmulas y se tomará una decisión, proceso que espera no pase de este año.

Ha indicado que se intentará "no perder tiempo", ya que se mantiene la previsión de que las obras del Palacio de Congresos concluyan en enero.

Hila ha aclarado que la adjudicación al grupo Barceló nunca se llegó a completar porque faltaban, entre otros trámites de procedimientos, la ratificación de la junta de gobierno municipal.

El alcalde ha explicado las conclusiones del informe de la UIB, elaborado por Avelli Blasco, Aina Salom y Bartomeu Trias, que ha detectado "varias irregularidades en las bases del concurso".

El documento indica que la tasación en la que se basó el procedimiento estaba caducada, como denunció MÉS tras conocerse el inicio de la adjudicación en abril de este año.

Según la UIB, esta tasación no podría servir de base para un concurso en marcha, y aunque se pidió otra se demostró que el valor era inferior al real, con lo cual en ninguno de los dos cosas podía servir para el concurso, lo que es ya causa de anulación del proceso de adjudicación.

El informe indica también que un bien público no puede ser vendido por concurso sino que debe hacerse por subasta, como señala le ley, que permite excepciones en "casos muy motivados", que no era el del Palacio de Congresos.

"Ya entendemos por qué (el exalcalde de Palma) Mateo Isern no quiso firmar la adjudicación de un concurso que él convoco, él también tenía dudas serias de que las cosas se hubieran hecho bien y por eso dejó la decisión al siguiente", ha incidido Hila.

Según este informe la junta de gobierno de un ayuntamiento "ni debe ni puede ratificar una adjudicación si se han puesto de manifiesto irregularidades porque se puede cometer un delito", ha dicho el alcalde para justificar que no ratificará la propuesta de adjudicación a Barceló que se hizo llegar a Cort.

Ha incidido en que el Palacio de Congresos ha costado 130 millones de euros, y que la oferta del grupo Barceló podría suponer la pérdida de unos 80 millones de euros para las arcas públicas.

Ha detallado que en la fórmula ofertada por Barceló de arrendamiento mas opción de compra del hotel se perdía ya 19,5 millones respecto a la de Meliá Hotels, el otro concursante, y podrían perderse también otros 1,3 millones de euros anuales por alquiler durante 20 años.

Segun Hila, "ningún servidor público", podría haber aceptado una oferta así, ya que se trata de "un negocio ruinoso para la Administración".

Y ha añadido que además de todo esto, debido a las cláusulas de penalización "ridículas", se podría haber dado el caso de que el adjudicatario, en este caso, Barceló, comprase el hotel, y en un par de años, renunciase a gestionar el Palacio de Congresos.

"Con lo cual nos podríamos encontrar con el hotel vendido por 40,5 millones y con que nos devuelven el Palacio de Congresos y no poder hacer nada para evitarlo", ha enfatizado Hila.

Ha explicado que este informe de legalidad se solicitó primero a la Abogacía de la comunidad autónoma, que dijo que no era competente, por lo que se lo encargó a la UIB.

En relación a la críticas al informe de la UIB por parte de Álvaro Gijón, quien era el presidente de la sociedad Palacio de Congresos cuando se hizo el concurso, ha dicho: "El PP debería explicar cómo hicieron las cosas tan mal y como permitían que la administración pudiera perder tanto dinero y por qué Isern no firmó". "Si estamos aquí es porque no lo quisieron firmar. Si no, no estaríamos aquí", ha concluido el alcalde.