El Govern decidió ayer suspender hasta 2017 los acuerdos alcanzados por los sindicatos suspender hasta 2017 los acuerdos alcanzados por los sindicatoscon la anterior Administración para el desarrollo, y pago desde el próximo mes de octubre, de un complemento salarial conocido como carrera profesional. Esta decisión unilateral, sin mediar negociación con los agentes sociales, abre la caja de los truenos y acerca la posibilidad de un conflicto laboral largo y sostenido en el tiempo
Por de pronto, a los empleados públicos del sector sanitario se han sumado los alrededor de cinco mil funcionarios de servicios generales, colectivo que ya ha anunciado su participación en la concentración de protesta que los trabajadores agraviados del Servei de Salut han convocado para el próximo día 8 frente al Consolat de la Mar, en una fecha que además coincide con los cien días de la toma de posesión de la presidenta Francina Armengol.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, justificó la decisión en la falta de liquidez. Así, cifró en tres millones euros el coste de pagar estos complementos desde el mes de octubre hasta final de año tanto a los empleados del Servei de Salut como a los de servicios generales. Y en otros 37 millones para el próximo ejercicio. Lo que obvió decir aquí es que, al menos los representantes sindicales de Sanidad, habían ofrecido la posibilidad de renegociar el calendario de estos complementos en 2016.
Liberar recursos
Cladera recordó que el próximo año el Govern está obligado a abonar un incremento salarial del 1% a los funcionarios y a devolver parte de la paga extra suprimida hace cuatro años, lo que le impediría hacer frente a los compromisos adquiridos por la anterior Administración. La consellera matizó que la recuperación de estos complementos en 2017 será objeto de negociación con los sindicatos y afirmó que el Ejecutivo "no pretende perjudicar al funcionario" sino "liberar recursos" para mejorar los servicios públicos y "poner un poco de orden" en la carrera profesional, complemento que se comprometió a regular en una próxima reforma de la Ley de Función Pública.
Pese a mostrar su disponibilidad al diálogo, la consellera de Hacienda señaló dos líneas rojas: que el Ejecutivo no piensa pagar los tres millones de euros comprometidos para este año para la carrera profesional ni contabilizar el derecho generado desde ahora aunque se pagara a partir de 2017.
No obstante, desde Salud matizaron que, tal y como habían ofrecido a los sindicatos en la mesa sectorial celebrada el pasado jueves, el derecho a la carrera profesional generado desde el próximo mes de octubre sí se reconocerá en 2017, aunque no se pagará con retroactividad. Así, por ejemplo, un funcionario que tenga el nivel 1 este mes de octubre y alcance el dos en enero de 2017, percibirá en ese momento el complemento correspondiente al nivel dos pero no percibirá con retroactividad al que tenía derecho desde octubre.
Pese a ello, los sindicatos sanitarios deploraron ayer en un comunicado que el jueves el IB-Salut les presentara esa propuesta para desbloquear el conflicto a sabiendas de que los acuerdos serían suprimidos ayer en Consell de Govern. "Solo nos cabe pensar que actuaron con alevosía", interpretaron.
Jordi Crehuet, secretario del sector de Administraciones Públicas del sindicato UGT, respondió a Cladera que ya está bien que utilice a los funcionarios de esta comunidad como "el Banco de España" ante sus problemas de liquidez y le emplazó a que antes de empobrecer a los empleados públicos le plante cara a las exigencias de déficit del ministro Cristóbal Montoro.
Crehuet detalló que el acuerdo de carrera profesional para los trabajadores de servicios generales alcanzado al final de la pasada legislatura suponía la percepción de este complemento para 2.620 funcionarios y cerca de mil contratados como personal laboral. A estos cerca de 3.700 empleados de los aproximadamente cinco mil que conforman la plantilla de sercivios generales habría que abonarles desde octubre a final de año un total de 985.000 euros.
El representante de UGT quiso dejar bien claro que, contrariamente a lo que se piensa, el pago de la carrera profesional no es exclusivo para el sector sanitario sino que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé el desarrollo de este complemento salarial "en todos los ámbitos y todas las comunidades autónomas".
Crehuet confirmó que, tras realizar el próximo día 5 de octubre una asamblea informativa a las dos de la tarde en la conselleria de Trabajo, participarán en la concentración que han convocado sus compañeros del Servei de Salut el día 8 a las seis de la tarde frente al Consolat de la Mar. Esa jornada coincide con los cien días de la toma de posesión de Francina Armengol como presidenta del Govern.
Por su parte, Miguel Ángel Romero, representante de UGT en Sanidad, consideró que con la supresión de los acuerdos adoptados ayer, "el Govern está actuando como un pirómano aplicando las mismas formas que el señor Bauzá. El hacha de guerra se ha desenterrado". Por último, Miguel Lázaro, representante del Sindicato Médico, sentenció que ahora la huelga está mucho más cerca, se preguntó dónde están los médicos socialistas y cuestionó este nuevo recorte realizado por los políticos que están realizando nombramientos por "idoneidad genético-afectiva".
