La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, afirmó ayer en el Parlament que "el Govern, en este momento, tiene serias dificultades" para poder abonar el otro 25 por ciento de la paga extraordinaria suspendida en 2012 a los funcionarios, por decisión del Gobierno central de Mariano Rajoy. "Consideramos que es justo que la reciban, y también creemos que fue injusto que les quitaran la paga extraordinaria de Navidad de 2012", dijo Cladera, quien afirmó que el Govern hará todo lo que pueda para hacer efectivo el pago, pero que en estos momentos no podía responder a la pregunta que le dirigió José Manuel Lafuente, del PP, sobre cuándo pagará la cuarta parte de la extra.
"El Estado ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas esta decisión, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria", dijo la consellera antes de recordar la mala situación de las arcas autonómicas que se ha encontrado el Govern del Pacto. Fuentes del Govern afirmaron que asumir el pago de ese 25 por ciento representaría casi 15 millones de euros y que es una cuestión que, como la carrera profesional, está sobre las mesas de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo con los sindicatos de la función pública.
Cladera resaltó que el Gobierno del popular Mariano Rajoy anunció, "por motivos puramente electoralistas", que pagaría parte de la extra que anuló a los funcionarios, sin haber ampliado a las comunidades la financiación ni el techo de déficit que les permitirían hacer frente a este gasto no presupuestado. "En el presupuesto de la Comunidad, cuando llegamos en julio, faltaban casi 50 millones de euros para pagar las nóminas de Salud y Educación", recordó la responsable de Hacienda. Añadió que el Gobierno central "estrangula" a las arcas autonómicas a la vez que les añade nuevas cargas.
El ministerio de Hacienda anunció hace pocas semanas que devolverá de forma progresiva la paga extra que suprimió en 2012 a los funcionarios, dejando así en manos de las Comunidades Autónomas el reembolso de un 25 por ciento de la mensualidad perdida, mientras que el otro 50 por ciento se reintegrará en 2016. El 25 por ciento restante ya se devolvió a comienzos de este año.
Aitor Morràs, diputado de Podemos, insistió en reclamar a la consellera que negocie con los bancos aplazamientos del pago de la deuda pública balear, que asciende a casi 9.000 millones de euros. "Hablen con los bancos, díganles que esperen ellos un poco y así no tendrán que esperar los funcionarios o las familias sin recursos", dijo Morràs a la consellera. "Intente negociar con ellos un retraso en el pago, que esperen los bancos y no las personas", añadió.
Al igual que dijo el martes en el pleno del Parlament, Cladera recordó que el 65 por ciento de la deuda de la Comunidad Autónoma está en manos del Estado y criticó que el Gobierno central "se haya cerrado a cualquier mejora de la financiación" autonómica. No obstante, confió en que tras las elecciones del 20 de diciembre el nuevo Gobierno tenga "sensibilidad y dé un margen a los mecanismos de deuda de las Comunidades Autónomas".
Reacciones
La portavoz del PP en el Parlament, Marga Prohens, afirmó que las declaraciones de Cladera son "una demostración más de que los funcionarios no entran en las prioridades" del Govern del Pacto. Tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara balear, Prohens criticó que el Govern "tenga dinero para una Ley de Fosas" de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero no "para pagar a los funcionarios" ni el 25 por ciento de la extra de 2012 que suprimió el Gobierno popular ni la carrera profesional. "No se si Armengol (presidenta del Govern) se refería a esto cuando hablaba del rescate de la ciudadanía", ironizó antes de acusar al Ejecutivo del Pacto de actuar "con soberbia, imposiciones y recortes de derechos a los funcionarios y al personal sanitario".
El PP defenderá el próximo martes en el pleno del Parlament una proposición no de ley por la que exige al Ejecutivo que pague la carrera profesional del personal al servicio de la Administración Autonómica. En el pleno también se debatirá una moción de Ciudadanos en el mismo sentido.
La portavoz parlamentaria socialista, Pilar Costa, consideró que en lo que se refiere a la carrera profesional de los funcionarios "las soluciones pasan por el diálogo, no por la vieja derecha de los recortes ni por la nueva derecha de los copagos", en referencia al PP y a Ciudadanos. En este sentido, calificó de "cínica" la postura del PP tras "cuatro años haciendo recortes a los derechos económicos y laborales de los empleados públicos" y de dejar firmado poco antes de los comicios autonómicos "un acuerdo electoral sin presupuesto".
