La juez descarta llevar a juicio a Albert Moragues, el exconseller del anterior Govern del Pacte, que lleva más de dos años imputado en el denominado caso Marivent. El político menorquín tuvo que defenderse de una acusación de malversación de dinero público, debido a que su departamento fue el que firmó los contratos con la empresa que se encargaba del mantenimiento de la residencia veraniega de la Familia Real. No solo la abogacía de la comunidad autónoma solicitaba la exculpación definitiva del político socialista, sino que tampoco la fiscalía Anticorrupción ha reclamado expresamente que se siente en el banquillo. El fiscal se limita a pedir que se continúe con la tramitación ordinaria de dicha investigación judicial. Sin embargo, Anticorrupción sostenía en su querella que los políticos del Govern y los empresarios de la sociedad Lireba "se concertaron para beneficiar, de manera arbitraria, con fondos públicos a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación". Además, en la querella se decía también que fueron los cargos políticos los que "eligieron a la empresa más idónea" para encargarle el proyecto de limpieza y mantenimiento del palacio, sin respetar las normas de contratación pública, puesto que la administración acudió a la fórmula del negociado sin publicidad para contratar a este licitador.

Lo que parece que ha quedado claro en esta investigación es que esta empresa de servicios no cumplió las condiciones del contrato, puesto que se fijaba un número determinado de trabajadores para que se encargaran del mantenimiento y limpieza del palacio de Marivent, pero casi nunca se cubría la totalidad de dicha plantilla. El contrato establecía que la empresa debía dedicar un mínimo de siete trabajadores, pero la media real de empleados que trabajaban en la instalación pública era de tres personas. Sin embargo, la empresa cobraba por los siete empleados.

Varias sentencias judiciales han confirmado que Lireba había incumplido reiteradamente las condiciones del contrato y dio la razón al Govern balear para que diera por terminada la contratación pública. De hecho, los jueces obligaron a la empresa a devolver al Ejecutivo el dinero de más que se cobró por el trabajo de estos empleados que, en realidad, no desempeñaban su labor en la residencia veraniega de la Familia Real, sino en otros destinos. El contrato público por el mantenimiento del palacio de Cala Major ascendía a más de medio millón de euros cada año.