Club Diario de Mallorca

Marta Mendiola: "El 30% de las viviendas vacías de toda Europa están en España"

"En Balears se iniciaron el año pasado hasta 1.977 procesos de ejecución hipotecaria"

09.10.2015 | 02:27
Mendiola, en la sede de Amnistía Internacional en Palma.

Marta Mendiola

  • Responsable del área de Derechos Sociales de Amnistía Internacional (AI) España.  Marta Mendiola intervino ayer en el coloquio posterior a la emisión del documental Casas vacías, gente sin casa, en el club de este diario. También participaron Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC, y Víctor Cornell, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca. Presentó Pere Manel Mulet, portavoz de AI en las islas

-¿Cuáles son los últimos datos sobre desahucios en España?
-Los datos oficiales son que desde el inicio de 2008 hasta 2015 se han iniciado casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria. El Banco de España empezó a recoger desde 2013 datos sobre los procesos que se refieren a primeras viviendas, que entre enero de 2013 y junio de 2014 fueron 98.000. Amnistía denuncia que no hay estadísticas sobre número de personas afectadas, cuántas son mujeres, cuántos menores... Son obligaciones internacionales, el relator de Naciones Unidas ya exigió al Gobierno que tenga esos datos como base para hacer un diagnóstico. En 2014 en Balears se abrieron 1.977 procesos de ejecución hipotecaria.

-¿Si el Estado no lo cuantificaba es que ni siquiera lo consideraba un problema?
-En este país la vivienda se considera más un bien de inversión o de consumo, más cerca al ámbito de la economía y alejado de los derechos humanos, que es lo que realmente es. Las autoridades tienen obligaciones jurídicamente vinculantes para garantizar este derecho. España ha firmado esos tratados internacionales, de los que se derivan una serie de obligaciones ineludibles, aun en tiempos de crisis.

-¿Qué medidas concretas puede aprobar un gobierno para garantizar el acceso a la vivienda?
-Modificar la ley de enjuiciamiento civil, ya que ahora no habilita a los jueces para que puedan evaluar caso por caso si es razonable o proporcional que una persona pierda su vivienda por no poder pagar. En segundo lugar, en España no existe un mecanismo obligatorio que supervise las negociaciones entre las personas afectadas y las entidades financieras. Ya existe en otros países como Francia o Alemania. Queremos que el Gobierno exija a las entidades financieras que se prioricen todo tipo de soluciones que permitan a las personas continuar en sus viviendas y que el desalojo sea la última opción. Con la campaña Una puerta, una historia pedimos que hasta que no se adopten estas dos medidas se suspendan todos los desalojos. Otra cuestión: el Estado tiene la obligación de usar los recursos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda, y las que están vacías son un recurso. España tiene 3,4 millones de viviendas vacías, el 30% de todas las que hay en Europa. En Balears, el 2,1% de las viviendas están vacías según el censo de 2011, son unas 71.255. Pedimos a las autoridades que adopten medidas para movilizar ese parque desocupado y transformarlo en vivienda social.

-¿Cómo 'movilizar' esas casas vacías respetando el derecho a la propiedad privada?
-Naciones Unidas exige a todos los estados miembros un adecuado equilibrio entre el derecho a la propiedad y la función social de la vivienda. A mayor población en situación de vulnerabilidad, mayores políticas de vivienda debe haber. Y no solo es la ONU, el Parlamento Europeo en 2013 también recomendó adoptar medidas para movilizar el parque desocupado. Hablamos de vulneraciones de normativas internaciones.

-¿Y qué medidas proponen para mover esas viviendas: incentivar o penalizar?
-Ahí nosotros no entramos. Cada Administración que opte por lo que considere. En Cataluña por ejemplo hay sanciones para las viviendas desocupadas por más de dos años sin aparente causa justificada.

-¿Han notado mayor sensibilidad en los bancos desde que el tema empezó a acaparar la atención mediática?
-Ahí yo no entro, nosotros pedimos acciones al Gobierno, que es quien debe exigir a las entidades privadas. La SAREB en Cataluña ha cedido de forma voluntaria unas 600 viviendas con fines sociales, pero no creemos en la cesión voluntaria. La SAREB cuenta con unas 80.000 viviendas vacías en todo el país y el Gobierno ha de exigir que se pongan a disposición de las personas más vulnerables.

-El Gobierno introdujo una serie de medidas para en teoría evitar los desahucios y favorecer la dación en pago, ¿qué impacto han tenido?
-Han sido claramente insuficientes, los criterios que se exigen son muy, muy restrictivos. Amnistía Internacional se ha reunido con personas en situaciones de extrema vulnerabilidad que se quedan fuera. Además, las medidas no revierten la situación de desprotección jurídica que hay en este país. Según dijo el ministro de Economía en septiembre, se han acogido unas 45.000 personas, pero hablamos de más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria.

-Pasando a otros temas, ¿se están respetando los derechos de los refugiados?
-Amnistía ha denunciado que la UE ha estado más preocupada de proteger sus fronteras que de proteger los derechos humanos de las personas refugiadas. Pedimos un sistema de asilo unificado para todos la UE y que ofrezca mayores garantías. Y también que se garanticen rutas legales y seguras para la población migrante. Casi 3.000 personas han perdido la vida en los últimos años.

-¿Cuánta gente ha quedado excluida del sistema sanitario al finiquitar la sanidad universal?
-Según el Gobierno, desde abril de 2012 entre 750.000 y 800.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria. Amnistía ha denunciado que es una medida regresiva, contraria al derecho internacional, al ser desproporcionada y claramente discriminatoria. Más de diez mecanimos de la ONU han recordado al Gobierno que tienen obligaciones vinculantes para garantizar el acceso a la salud a todas las personas que se encuentren en territorio. También denunciamos que las mujeres víctimas de violencia de género se ven especialmente afectadas, ya que muchas veces Atención Primaria es una de las primeras vías de detección y de acceso a las instituciones. La nueva propuesta para homogeneizar la situación en todas las comunidades fija requisitos como llevar un mínimo de seis meses en el padrón para acceder a la sanidad, nosotros pedimos acceso para todos.

-Las mareas ciudadanas, la PAH... ¿han notado en los últimos años un despertar de la movilización ciudadana?
-En materia de vivienda es llamativo el caso de la PAH, gente afectada que se organiza y se mueve, con gran capacidad de transformación; un movimiento social en la vanguardia de los derechos humanos que ha sobrepasado al Gobierno. En salud, el propio sector médico también ha exigido cambios. Ante la regresión de los derechos sociales se ha recrudecido la participación, pero eso ha sido contestado desde el Gobierno con leyes como la de Seguridad Ciudadana, que restringe esa libertad de expresión.

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Cine forum y coloquio: Casas vacías, gente sin casa
Reflexiones sobre el problema de acceso a la vivienda. Jueves, 8 de octubre. Club Diario de Mallorca. Calle Puerto Rico, 15. Entrada libre

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