Tribunales

El notario Herrán justifica su actuación profesional en el juicio del caso Relámpago

Afirma que nunca sospechó que el dinero tenía una procedencia ilícita de una sociedad de Panamá

07.10.2015 | 01:48
El notario y el resto de acusados del caso Relámpago.

El conocido notario de Palma Alberto Herrán mantuvo ayer una intenso enfrentamiento dialéctico con el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, que le acusa de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia y reclama una condena de 16 meses de prisión y una multa de dos millones de euros. El notario se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio que se celebra en la Audiencia de Palma sobre una de las piezas del llamado caso Relámpago. Un asunto que pivota sobre una operación económica, organizada desde el despacho de abogados Feliu, que sirvió para financiar la compra de una lujosa vivienda en Calvià, que se pagó con fondos procedencia de un delito cometido en Gran Bretaña.

Fue el citado notario quien protocolizó la escritura de compra de esta propiedad, que se realizó a través de dos sociedades panameñas, en las que no figuraba el verdadero titular, que era el magnate británico Peter Bradley, que también está acusado. Asimismo, por esta causa se juzga al abogado Alejandro Feliu, que fue el asesor del británico y quien gestionó la compra de la casa.

El notario mantuvo que no le sorprendió que detrás de esta operación aparecieran dos sociedades panameñas. Señaló que no supone ninguna irregularidad que empresas ubicadas en este paraíso fiscal participen en la negociación por la compra de una vivienda. Herrán mantuvo que en la firma de la escritura se limitó a comprobar que se abonaba la cancelación de la hipoteca anterior y que se levantaban dos antiguos embargos. También comprobó que los compradores recibían el dinero. Insistió en que la operación se financiaba a través de un banco español, por lo que no consideró que podría tratarse de un caso de blanqueo de dinero. El notario mantuvo que se limitó a cumplir las directrices que en ese momento, en el año 2004, marcaba la ley y recordó que en esa época no existía ninguna obligación legal de confirmar la procedencia de los pagos.

En su declaración explicó que en esa época era habitual que se crearan sociedades inactivas, que después se vendían a residentes extranjeros, que las utilizaban para este tipo de operación. Reconoció que no le extrañó que una secretaria de Feliu acudiera a la firma y figurara como representante de esta sociedad panameña.

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