Tribunales

El bufete Feliu controlaba más de 150 sociedades en paraísos fiscales

Un socio del despacho de abogados defiende la legalidad de la operación para comprar una casa

06.10.2015 | 02:35
El juicio por este caso de blanqueo de dinero se celebra en la Audiencia de Palma.

El bufete de abogados Feliu, registrado durante la denominada operación Relámpago, controlaba en el despacho más de 150 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, que podían ser utilizadas por clientes. Este dato se desveló ayer durante el juicio a uno de los socios del despacho, Alejandro Feliu, al que el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, reclama una pena de 16 años de prisión por blanqueo de capitales y delito fiscal. El abogado comparte banquillo, entre otros, con el magnate británico Peter Brian Bradley, que fue extraditado a España tras cumplir condena en su país por fraude. Se le acusa de haber blanqueado fondos económicos procedentes de dicho delito en Mallorca, a través de la compra de inmuebles de lujo. Una operación que se realizó a través de dos sociedades domiciliadas en Panamá, en las que no aparecía el titular de la empresa, que era Bradley.
En el juicio se cuestiona la operación para comprar un chalé en Calvià por un precio de 1,8 millones. Se acusa también al notario que certificó la operación por no haber denunciado las sospechas de que se trataba de una venta para blanquear dinero.
Alejandro Feliu, que ha sido condenado en varias piezas relacionadas con el caso Relámpago, defendió ayer a preguntas del fiscal la legalidad de la operación. Dijo que nunca cuestionó la procedencia del dinero, dado que la compra se financió a través de un préstamo bancario. Se hizo porque Bradley tenía asegurada la posterior venta de la casa, por casi el doble del valor que había pagado. Feliu mantiene que la entidad bancaria financiaba la totalidad de dicha operación, si bien la financiera ha cuestionado esta afirmación. Dijo que se trataba de una operación rentable, porque la casa se vendía a un precio muy por debajo de su valor, dado los problemas económicos que sufrían sus propietarios.
El abogado afirmó que no conocía los problemas legales que había tenido su cliente. Explicó que tuvo que utilizar fondos de otro cliente para avalar un crédito puente, que se utilizó para financiar la operación hasta que Bradley pagó el dinero para adquirir la casa. El dinero era del matrimonio Hore, que también fue condenado por delito fiscal por la compra de Son Bunyola, por el que tuvo que pagar cerca de diez millones de euros en multas.

La secretaria

La operación para realizar esta operación se hizo a través de una sociedad con un capital de 6.000 euros. Intervino en la constitución de la empresa una administrativa del despacho Feliu. Esta trabajadora, que estuvo más de dos días detenida, señaló que se limitó a firmar porque se lo pidió su jefe, pero que no conocía ningún detalle de la sociedad, ni nunca participó en su administración. El abogado Alejandro Feliu negó que hubiera obligado a su secretaria a que firmara, diciendo que era habitual que los empleados participaran en estas operaciones. El acusado indicó que sus asesores fiscalistas no pusieron ningún reparo a esta operación.
El fiscal le acusó de proporcionar medios a sus clientes ofreciéndoles empresas domiciliadas en paraísos fiscales para que pudieran esconder sus fondos económicos. Reconoció el letrado que trata con compañeros de Panamá que manejan sociedades y que las facilita a sus clientes, siempre bajo su responsabilidad.El juicio continuará hoy en la Audiencia.

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