El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Govern del PP contra la anulación del aumento de sueldo a seis miembros del gabinete de José Ramón Bauzá y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior que declaró ilegal ese incremento mientras se recortaba el sueldo al resto de empleados públicos.
Los seis antiguos cargos de confianza de Bauzá, un jefe del gabinete, tres asesores y dos secretarias, tendrán que devolver los 19.600 euros en total que cobraron hasta que el Tribunal Superior anuló cautelarmente el complemento específico que se incrementó, según ha asegurado hoy el responsable de Administración Autonómica de UGT, Jordi Crehuet.
El Supremo, que no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión porque entiende que un conflicto en el ámbito laboral de la administración autonómica ha de resolverlo la justicia regional, confirma la sentencia en la que el tribunal balear consideró "un despropósito" y una "discriminación arbitraria" la decisión del expresidente y exlíder del PP.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Miguel Ángel Romero, ha instado hoy al senador Bauzá a "pedir disculpas" por su obcecación en defender el aumento de sueldos pese al fallo desfavorable del Tribunal Superior y por los recursos públicos dedicados a pleitear ante el Supremo, que condena en costas al Govern.
Crehuet ha incidido en que la resolución confirma que el Govern del PP cometió un "agravio contra los funcionarios y empleados públicos" al subir el salario a los cargos de confianza que trabajaban para Bauzá en un momento en que se habían recortado los sueldos del resto de funcionarios.
La justificación de que se habían reducido los puestos del gabinete del presidente y que, por tanto, los nuevos asumían mayor carga de trabajo tampoco se sostenía porque al conjunto de trabajadores de la administración se les aumentó la jornada semanal de 35 a 37,5 horas y fueron despedidos muchos empleados públicos, ha resaltado el dirigente de UGT.
El sindicato presentó un recurso contencioso contra el aumento a los seis trabajadores del entorno de Bauzá, que se repartirían 26.000 euros más al año, y pidió la suspensión cautelar de la subida, que no se le concedió en un primer momento pero sí en marzo de 2012, nueve meses después de que se iniciara el pago del complemento.
El Govern defendió entonces su actuación a través de la Abogacía de la Comunidad, pese a la advertencia de UGT de que dejará de derrochar recursos públicos en beneficio de privilegios de empleados designados por afinidad política, y finalmente una sentencia de febrero de 2012 dio la razón al sindicato y anuló la subida.
"Resulta un despropósito que mientras a todos los empleados públicos se les rebaja el sueldo y se les exige un sacrificio, a los empleados eventuales (...) se les retribuya con unos emolumentos superiores", argumentó el Tribunal Superior de Baleares.
Pero el Govern "volvió a utilizar de forma inmoral los recurso públicos" para recurrir ante el Supremo, ha relatado hoy Romero, mientras que Crehuet ha incidido en la satisfacción que le produce que la justicia determine que los empleados públicos designados por criterios políticos no pueden tener privilegios respecto al resto de trabajadores de la administración.
