Mientras el Govern dice que busca una solución técnica para que los residentes no paguen el impuesto turístico cada vez que hagan de turistas en sus islas, los especialistas que conocen a fondo el marco legal europeo y los vericuetos de la fiscalidad ambiental coinciden en un diagnóstico: Balears deberá cobrar el nuevo tributo a todo el mundo. Sin excepciones. Sin favorecer ni perjudicar por razones de procedencia. Da igual si el viajero parte de Berlín, Madrid o sa Pobla: toca pagar.
La razón es bien simple: la normativa de la Unión Europea es tajante a la hora de prohibir este tipo de discriminación. "Excluir a los residentes del pago del impuesto turístico no tiene cabida en el ordenamiento europeo. Se prohibe cualquier discriminación por razón de nacionalidad, con lo que el Govern tiene que asumir que los residentes también lo deberán pagar. E insisto: no es ya que lo diga España, es que esto afecta a una libertad comunitaria, la de libre prestación de servicios y esté tributo afecta a la prestación de servicios turísticos", explica Joan David Janer, profesor titular de Derecho internacional Público en la Universitat de les Illes Balears, y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea (2006-2010).
Algo parecido explica Xavier Labandeira, catedrático de economía de la Universidad de Vigo y uno de los especialistas en economía medioambiental más reconocidos en Europa. Asegura que la respuesta la tienen que dar juristas como el citado Joan David Janer, pero desde el punto de vista de la fiscalidad, recalca que el hecho imponible (lo que se grava) es un servicio turístico, por lo que "habría problemas" de no aplicar el tributo a todos los europeos por igual. "Desde el momento que vas a un hotel, seas de Mallorca, de Vigo o de Alemania, eres un turista", recalca el investigador gallego, que atiende horas después de volver de Bruselas. "Acabo de pagar allí 8,50 euros de impuesto turístico local. Lo pagué en Italia, Voy mucho a Florencia (es también catedrático del European University Institute, con sede en Florencia, donde dirige la Florence School of Regulation-Climate) y allí te piden 4 euros al día, y en Roma 5. Hoy en día este tributo es algo muy general, y tiene un sentido claro: los turistas, y más en sitios tan masificados como Balears, generan costes y esta es una forma de recuperar parte de esos costes". Por eso mismo, Labandeira vuelve al inicio para cuestionar la discriminación entre residentes y forasteros. "Ya con la ecotasa (la de 2001) se planteó que lo pagasen solo los de fuera. Pero si pones un impuesto para limitar y compensar la congestión que provocan los turistas, no tiene sentido que no lo paguen los turistas baleares, porque todos los turistas generan congestión".
Ilegal e ineficaz
Excluir a los residentes, además, podría suponer otro tipo de congestión: la de los servicios públicos. Lo recuerda el profesor Joan David Janer, que explica que "técnicamente es complicadísimo discriminar según procedencia". También es costoso, claro, como recalca el Govern, que se plantea incluso una desgravación de la tasa turística en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta. Para hacerlo debería poner un equipo de funcionarios a revisar factura por factura de hotel el descuento por un tributo por el que no se recaudará a los residentes ni dos millones de euros al año. Algo así como vender la moto para comprar gasolina, ironizan, toda vez que sería más costosa la comprobación que lo que se le ahorraría en pagos de impuesto al contribuyente. Y al final es él quien sostiene los servicios públicos.
Sería una estrategia absurda por su ineficiencia recaudatoria, algo por otra parte posible cuando la decisión es política, como muestran la historia reciente de las instituciones públicas españolas y baleares. Por eso los especialistas consultados sugieren optar por el sentido común y la legalidad, y cobrar a todos por igual. Y quizá tengan razón, pero, por si al Govern se le acaba ocurriendo subvencionar el tributo a los residentes, como se hace por ejemplo con los viajes en avión o barco a la península, ¿habría problemas legales? Y parece que sí, que los habría. El profesor Janer se limita a recordar que el descuento de residente por volar es una subvención que se aplica para compensar la insularidad. Y en un caso como el impuesto turístico, quien sufre la insularidad es el que tiene que llegar a la isla para hacer turismo, no quien vive en ella y hace de turista por ella. "¿Se podría hacer algo así, subvencionar el impuesto? Quizá, pero es un poco tontería. Nadie deja de ir a un hotel por dos euros. Los hoteleros, por ejemplo, no se meten con las tasas aeroportuarias, que son carísimas y han subido mucho. También los precios de hotel. ¿Por dos euros pierdes competitividad, como dicen, y por las tasas y las subidas no? Le estamos dando demasiadas vueltas a un tributo que cobran en media Europa", concluye el especialista en derecho europeo.
