Julve se defendió diciendo que la contratación de las sillas se produjo en un momento en el que apenas llevaba una semanas en el cargo, al que llegó accidentalmente tras la muerte repentina de Miquel Riera, el farmacéutico de Manacor. Sin embargo, esta excusa no ha colado, dado que los jueces creen que no es cierto que no tuviera experiencia. Recuerdan que hacía ya tiempo que militaba en Unió Mallorquina y además había sido concejal en el Ayuntamiento de Manacor. Entiende el tribunal que la falta de experiencia en la gestión pública no es razón suficiente que justifique la tramitación de un expediente amañado. Y, además, la sentencia recuerda que Coloma Castañer, la única de las acusadas que confesó los delitos cometidos, manifestó que la consellera estaba al corriente de que se trataba de un expediente amañado y que tuvo la oportunidad de parar su tramitación, pero no lo hizo.
El tribunal aprovecha la sentencia para realizar una severa crítica a la corrupción política. "La corrupción constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, que la misma socaba los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, que falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticos y los fundamentos morales de la sociedad". Estos principios que cita la sentencia se recogen en el preámbulo del convenio contra la corrupción que se aprobó en el año 1999 en Estrasburgo. Los jueces de la Audiencia afirman, al tratarse de un caso de corrupción, que "la labor política es y debe ser (o debería ser) un medio de servicio, no un medio de vida".
