Caso Cloaca

La exconsellera insular Catalina Julve, condenada a dos años de cárcel

Se la juzgó en el llamado caso Cloaca, que investiga un presunto desvío de 575.000 euros públicos en favor de afiliados de UM - Coloma Castañer, ex secretaria técnica del departamento insular de Cooperación Local del Consell, ha sido condenada a seis meses de cárcel

01.10.2015 | 13:20

La Audiencia de Palma ha condenado a la exresponsable de Cooperación Local del Consell de Mallorca Catalina Julve a dos años de prisión por fraude a la administración y prevaricación en el caso Cloaca, en el que se juzgó el presunto desvío de 575.000 euros públicos en favor de afiliados de UM.

La condena a Julve, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía 7 años de cárcel, se refiere solo a parte de los contratos de cuyo amaño estaba acusada, mientras que de otros ha sido absuelta de las imputaciones de malversación, prevaricación y fraude.

En una sentencia , la sección primera de la Audiencia Provincial ha condenado a seis meses de prisión, sustituibles por multa, por un delito de fraude a la administración en concurso con prevaricación a Coloma Castañer, ex secretaria técnica del departamento insular de Cooperación Local.

El tribunal indica que Castañer reconoció los hechos, admitió su responsabilidad y consignó 25.000 euros para reparar el daño causado, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Los empresarios Miguel Rullán y Simón Galmés han sido condenados como autores de fraude y cooperadores en delitos de prevaricación a nueve y seis meses de prisión, respectivamente, mientras que César García ha resultado absuelto.

El tribunal recuerda que los objetivos de las normas de contratación pública que rigen en la UE son la defensa a ultranza de la transparencia, la no discriminación y la objetividad para preservar la libre competencia y señala que en este caso "esos principios fueron burdamente pisoteados".

La Audiencia de Palma considera probado que Julve y Castañer actuaron "con el fin de beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM" y "se concertaron" con los dos empresarios.

Según el tribunal, el plan para favorecer a las dos empresas "se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública, evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener contratos públicos".

Por acuerdo con Castañer y con el entonces conseller Miquel Riera (posteriormente fallecido), a Rullán le fue adjudicado un contrato negociado sin publicidad en noviembre de 2005 para suministrar 2.150 sillas, por 29.928 euros, que luego se repartieron a los ayuntamientos, cuando "no existía ninguna solicitud previa y no se había constatado dicha necesidad".

"En realidad el interés último no era dotar a los municipios sino adjudicar contratos en condiciones favorables a los correligionarios", recoge la sentencia.

La cuantía presupuestada tenía el sentido de impedir que se excediese lo previsto por la ley vigente y se invitó a tres empresas del mismo grupo para "lograr que resultase adjudicatario quien se pretendía".

Según la Audiencia, el empresario tenía "plena conciencia de la ilegalidad de este proceder", pero no ha quedado suficientemente acreditado que el margen comercial obtenido "fuera excesivo o desproporcionado".

Tras el fallecimiento del conseller Riera, Julve le sustituyó y "decidió mantener" las instrucciones que había dado su antecesor para favorecer a Simón Galmés "debido a la amistad que les unía" a que militaban en el mismo partido y que el empresario pasaba un mal momento económico, y le fue adjudicado otro contrato para comprar 2.150 sillas por 29.500 euros en 2006.

El tribunal no da credibilidad al desconocimiento alegado por Julve y asegura que, cuando llegó al cargo, "no era una neófita sino una persona con experiencia en la política".

En cuanto al control y seguimiento del sistema de recogida selectiva, concedido por unos 515.000 euros también a Galmés, la Audiencia considera que no tiene transcendencia penal y cree acreditado que Julve no ideó ni puso en marcha la unidad de control que le fue adjudicada.

Además indica que el dinero cobrado por Galmés se lo pagaron las empresas adjudicatarias de la recogida y no tiene la consideración de caudales públicos, por lo que no hay malversación, y al no apreciar un concierto entre Julve y el empresario, tampoco fraude.

Según el tribunal, en el caso de los dos contratos de compra de sillas, se falseó la mínima concurrencia y hubo un fraccionamiento fraudulento de la cuantía de los contratos, pero no malversación.

Al no existir malversación, el tribunal no fija indemnización para el Consell ni responsabilidad civil.

En el juicio celebrado en julio, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular ejercida por el Consell de Mallorca solicitaron una condena de 7 años de prisión para Julve; 1 año y 2 meses de cárcel (sustituibles por 2.520 euros de multa) para Castañer; 6 años de cárcel para Galmés y 2 años y 6 meses para Rullán.

Las defensas de Julve, Galmés y Rullán pidieron la libre absolución.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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