El conocido notario palmesano Alberto Herrán será juzgado el próximo lunes en la Audiencia de Palma, acusado de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. La fiscalía Anticorrupción le reclama una pena de 16 meses de prisión, más una multa de dos millones de euros. Le acusa de no haber advertido de una operación inmobiliaria financiada con dinero procedente de una estafa. Una operación que se investigó en el llamado caso Relámpago, en el que precisamente se realizó un registro en el despacho profesional del notario, situado en la calle Unió.

El notario compartirá banquillo con otros cinco acusados. Entre ellos destaca la presencia del magnate británico Peter Brian Bradley, para el que se reclama una condena de doce años de prisión por tres delitos fiscales. También se le reclaman penas de multas que suman casi 3,2 millones de euros. Este magnate, que llegó a tener una empresa con más de 200 empleados, ya ha cumplido condena en su país. Después fue detenido y extraditado a España. Desde entonces está en prisión. También se juzgará al abogado Alejandro Feliu, al que acusan de haber ideado una trama para conseguir que el magnate británico introdujera en España dinero de procedencia ilegal y además pudiera adquirir propiedades inmobiliarias por valor de más de tres millones de euros.

Estas operaciones se realizaron con sociedades de Panamá y de Bradley. Para ello, en España se creó una sociedad en el año 2004, con un capital de 6.000 euros, domiciliada en el bufete Feliu, con la que se compró una casa en Calviá valorada en 1.850.000 euros. El dinero procedía del extranjero y la venta se formalizó ante el notario Herranz, que según la fiscalía, no avisó a las autoridades de su sospecha de que podría tratarse de una operación de blanqueo de dinero. El fiscal señala que era "cuando menos llamativo" que el notario aceptara que se pagara 1,85 millones de euros por una propiedad a través de una sociedad que solo disponía de un capital de 6.000 euros.

También se juzgará a los vendedores de la vivienda de Calviá por no haber declarado los beneficios de la operación.