Anticorrupción no ha apreciado ningún indicio de beneficio personal ni sospecha de malversación de dinero público en el denominado caso trenes. Y elimina cualquier sombra de duda sobre la actuación de Gabriel Vicens y Antonio Verger.
Sin embargo, José Ramón Orta, el exgerente de la Empresa Ferroviaria de Mallorca (SFM) nombrado por el PP, no tiene el más mínimo sentimiento de culpa por haber denunciado ante la fiscalía Anticorrupción la operación de compra de trenes que realizó el Govern del Pacte sin la convocatoria de un concurso público. La denuncia se trasladó después al juzgado de instrucción, arrastrando la imputación de los exresponsables de la política de transportes del Pacto. El caso se va a archivar porque así lo ha pedido la fiscalía al no apreciar ningún indicio de delito. “Respeto la decisión de la fiscalía, pero no la comparto”, señaló ayer Orta, que no cree que cometiera ningún error al presentar dicha denuncia. “Puse los hechos en conocimiento del fiscal basándome en informes técnicos y en la obligación que tiene cualquier gestor público de velar por la buena gestión con el dinero público”.
El exgerente no apoya la petición del fiscal para que el caso se archive. “Habrá que coincidir en que llama poderosamente la atención que el Pacto se gastara 76,6 millones de euros en trenes innecesarios, sin convocar un concurso público y sin tener el dinero para pagarlos, y que ello no merezca el más mínimo reproche”.
El exresponsable de SFM mantiene que el método que utilizó el Govern del Pacte para comprar este material ferroviario, aprovechando una opción de compra de un contrato para adquirir la maquinaria del metro, no tiene justificación alguna. Por este motivo, no tiene ningún temor a que Antoni Verger, el exportavoz de Més en Cort, haya anunciado que estudia querellarse contra él por haber presentado esta denuncia. “Tengo la conciencia muy tranquila, en el convencimiento de que hice lo que debía. Si él piensa (Verger) que se actuó de mala fe, yo le digo que no es cierto. Y si decide presentar una denuncia contra mí, que sepa que me defenderé. Mucha suerte ha tenido por la agilidad de la justicia en este caso y no como otros, que llevan años y años con sus causas paralizadas”, asegura.
Orta sabe que el caso se va a archivar, pero lo justifica en que “si no existieran discrepancias interpretativas no serían necesarios los tribunales”. El exgerente de SFM, que en estos momentos se encuentra apartado de la política ejerciendo su profesión de letrado, insiste en que “me ratifico en que los hechos merecían ser puestos en conocimiento de la fiscalía”.
Recuerda también que la denuncia por la compra de estas unidades ferroviarias no la presentó a título personal, sino por su condición de gerente de SFM. Por ello, “no creo que, en caso de que el caso se archive, sus compañeros del Pacto decidan recurrir el archivo”. Precisamente la petición de que el caso se cierre ha sido presentada por la fiscal Ana Lamas, que ha investigado esta operación de compra de trenes. La fiscal señaló en su escrito que el ingeniero, en cuyo informe se basaba toda la denuncia por las sospechas de malversación de fondos públicos, se desdijo cuando la juez le llamó a declarar. Además, cuestiona también que SFM no adjuntara a la denuncia el informe jurídico, que avalaba la compra de trenes sin la convocatoria de un concurso.
