Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Polémica

UGT denuncia que el Govern ha anulado el plus de la carrera hasta octubre de 2017

El sindicato estudia acciones para suspender cautelarmente el acuerdo del Ejecutivo autónomo que considera "algo similar a un decreto ley"

Marc Pons y la consellera Catalina Cladera anunciaron el viernes la suspensión de los acuerdos. CAIB

El BOIB del pasado sábado que recogió la suspensión de los acuerdos sobre carrera profesional alcanzados por la parte social con la anterior Administración autonómica alarga esta anulación hasta octubre de 2017, dos años, cuando el actual Govern había precisado por activa y por pasiva que estos derechos laborales se retornarían a los empleados públicos desde enero de 2017.

Desde el sindicato UGT lamentaron que con esta decisión el Govern incluye una especie de salvaguarda ante la posibilidad de no alcanzar un acuerdo con los agentes sociales durante todo el próximo año postergando la recuperación de estas mejoras económicas hasta el mes de octubre, diez meses después de la fecha anunciada inicialmente.

"El Govern empezó mintiendo por decir que no había consignación presupuestaria para estos acuerdos. Y ha seguido haciéndolo al asegurar que estos derechos se recuperarían en enero de 2017 cuando en el BOIB alarga el plazo hasta octubre de ese año. Nuestros servicios jurídicos están estudiando el asunto para conseguir una suspensión cautelar del acuerdo del pasado Consell de Govern que, a nuestro juicio, vulnera no solo el derecho a la negociación colectiva sino que pone en cuestión cualquier acuerdo alcanzado con la Administración", precisó ayer Miguel Ángel Romero, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

El dirigente sindical hurgó un poco en la herida al asimilar la decisión del pasado Consell de Govern por el que se anularon unos acuerdos sobre la carrera profesional que beneficiarían a unos ocho mil empleados públicos de esta comunidad con un decreto ley, una fórmula que el actual Ejecutivo estudió aplicar pero de la que finalmente desistió para no ser comparado con una forma de actuar habitual en la legislatura de José Ramón Bauzá. "Es asimilable a un decreto ley", dijo Romero, que sentenció que "tenemos un Govern que verbaliza el diálogo pero que luego aplica la imposición".

El dirigente sindical recordó que el personal del Servei de Salut que ya estaba cobrando la carrera profesional en el momento de su suspensión en el año 2010 y que recuperó parte de estos emolumentos el pasado mes de abril, renunció a percibirlos el primer trimestre del año para que con esos fondos se abriese un proceso ordinario de carrera profesional al que accedieran 4.370 nuevos trabajadores del Servei de Salut.

"Y ahora deciden suspender este acuerdo que se iba a pagar con unos fondos a los que habían renunciado los propios trabajadores", exteriorizó su indignación el representante sindical, que advirtió a un Govern al que no le auguró que acabe la legislatura que a partir de ahora van a fiscalizar todas sus decisiones.

Compartir el artículo

stats