Tribunales

La fiscalía pide que se archive el caso Trenes al no apreciar malversación

La juez va a archivar la denuncia al no existir acusación contra la excúpula de Transports del Pacte

29.09.2015 | 02:45
Anticorrupción exculpa ahora a Verger y Vicens, que estuvieron imputados, aunque no llegaron a declarar.

Antoni Verger

  • "Fue una denuncia de mala fe"

    Antoni Verger, el político de Més, se muestra satisfecho con la propuesta de la fiscal de que el caso Trenes se archive, dado que así se elimina cualquier sospecha de duda sobre su gestión y se demuestra que no hubo malversación. Verger, que ha tenido que renunciar a importantes cargos políticos como consecuencia de esta denuncia, aún no sabe si va a actuar contra Orta, el exgerente de SFM, que fue quien impulsó este caso. En cualquier caso “actuó de mala fe y creo que estas prácticas deberían eliminarse de la política”. Asegura que la compra de estos trenes estaba avalada  por informes técnicos y que nunca se cuestionó que no existiera una dependencia técnica que justificara la compra directa al fabricante. “El PP jugó con mal fe. Fue una denuncia que Bauzá autorizó y Gómez impulsó. Demuestra el juego sucio con el que han pretendido atacar la imagen de mi partido. Sin embargo, han conseguido el efecto contrario, ya que la imagen de Més ha salido reforzada al demostrarse que la denuncia era falsa”. Verger se muestra muy molesto con la actuación de Orta. “Debió ir al jefe jurídico de SFM y preguntarle cómo se había realizado la operación. Le habría aclarado que todo era legal”. El exportavoz de Més en Cort critica que el exgerente de SFM haya hecho perder el tiempo a la fiscalía y al juzgado “con una denuncia falsa”. Aunque serán los abogados los que decidan si van a responder a esta denuncia,  cree que “por interés general este tipo de denuncias falsas deberían sancionarse”.

El llamado caso Trenes tiene los días contados. La fiscal Ana Lamas ha presentado un escrito en el que reclama al juzgado que dicte el sobreseimiento de las actuaciones. Al no existir acusación, la juez está obligada a dictar el cierre del caso. Por tanto, con esta decisión desaparece cualquier sospecha de corrupción sobre la antigua cúpula de Transportes de la época del Pacte, cuyos responsables han sido investigados por la compra de unidades ferroviarias sin la convocatoria de un concurso público.

La fiscal Ana Lamas, de Anticorrupción, detalla en su escrito que esta investigación se inició como consecuencia de una denuncia presentada por el antiguo gerente del Servicios Ferroviarios de Mallorca, José Ramón Orta. Denunciaba que el anterior Consejo de Administración de la empresa, que presidía el entonces conseller Gabriel Vicens, en julio de 2008, había aprobado la compra de 22 unidades ferroviarias. Se ejecutó una opción de compra por un contrato anterior por la compra de maquinaria de metro. La empresa adquiría estos trenes para las líneas de sa Pobla y Manacor, al existir un proyecto para electrificar los tramos, que finalmente no pudo realizarse por falta de dinero. Aún así, SFM tuvo que adquirir la maquina comprada, que tuvo un coste de más de 60 millones de euros. Orta denunció que la justificación para no sacar a concurso esta compra fue la dependencia técnica que había firmado un ingeniero externo, dado que un funcionario de la empresa, que ocupaba el cargo de jefe de explotación, se había negado a firmarlo.

La denuncia de Orta, que la fiscalía trasladó después al juzgado, se basaba en el informe que realizó el director técnico de la empresa, el ingeniero Miguel Ángel Sagreras, que denunciaba que el ejercicio de la opción de compra, además de ocasionar un gran sobrecoste, había limitado la libre concurrencia de fabricantes. Denunciaba también que, en realidad, no se compró el mismo modelo de tren que se adquirió en el tramo del metro, sino que se trataba de otro tipo de maquinaria. Al no poder realizarse la electrificación de los tramos de Manacor y sa Pobla, por falta de dinero, la empresa se vio obligada a utilizar todo el material que se compró en el tramo entre Palma e Inca.

La fiscal justifica que con esta denuncia del gerente, añadido al informe del ingeniero, motivó que se presentara una denuncia y se iniciaran las correspondientes diligencias. Se citó al técnico autor del informe, así como al funcionario que se negó a firmar la autorización. Sin embargo, el ingeniero que había denunciado estas sospechas de malversación se desdijo cuando declaró como testigo y señaló que no se ratificaba en su informe, ya que lo había escrito sin disponer de toda la información. Sagreras llegó a decir a la juez que habría actuado de la misma manera que sus antecesores, autorizando la compra de estos trenes sin concurso, si hubiera dispuestos de todos los informes que avalaban la dependencia técnica.

Informe jurídico

La fiscalía destaca en su escrito que antes de que se citara a declarar como imputados al exconseller Gabriel Vicens y al exdirector general Antoni Verger, se desveló que existía un informe jurídico, desconocido hasta ese momento, en el que se avalaba la compra sin concurso. Ante esta situación se suspendió la declaración, y la fiscalía pidió que se citara a José Ramón Orta para preguntarle el motivo por el que no aportó dicho informe jurídico.

La fiscal entiende que no se han acreditado los hechos que justificaron la presentación de esta denuncia, "ya que no consta que la decisión de compra de los trenes fuera prevaricadora, ni malversadora, ni existiera un concierto entre las partes para defraudar a la administración en beneficio propio" Es más, cree la fiscalía Anticorrupción que la compra, realizada directamente y sin concurso debido a la dependencia técnica, "está avalada por un informe jurídico, así como por varios informes técnicos". Y por ello insiste en que, tras analizar los documentos que aportó la empresa (tras varios requerimientos), no se demuestra que existiera una connivencia entre los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la compra de estos trenes y los técnicos que firmaron los informes. Tampoco se ha acreditado "el interés personal de ninguno de los miembros del Consejo de Administración ni el enriquecimiento personal de ninguno de ellos". Por todos estos motivos, sin olvidarse de que el ingeniero se desdijo de su denuncia, ha llevado a la fiscalía a solicitar el sobreseimiento del caso. La juez no tiene más remedio que aceptar esta propuesta, ya que no existe ninguna acusación y, por tanto, desaparece cualquier sombra de sospecha de corrupción contra los antiguos responsables de la política de transportes del Pacte, que mantuvieron que todas las decisiones venían avaladas por los informes de los técnicos.

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