El juez Pedro Barceló decidió ayer llevar a juicio a una presunta trama de captación de votos para Unió Mallorquina (UM) entre inmigrantes latinoamericanos, desviando fondos públicos. Entre los principales acusados se encuentran Josep Lliteres, exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell, y Eugenia Cañellas, exsecretaria general técnica de la conselleria de vicepresidencia de esa institución cuando estaba ocupada por Miquel Nadal, que no está acusado en este sumario.

Según el instructor, Lliteres, Cañellas y Coloma Munar, prima política de la expresidenta del Consell y de UM Maria Antònia Munar, habrían desviado unos 200.000 euros para gratificar a algunos representantes de la colonia de sudamericanos en las islas con objeto de conseguir votos para el partido.

El dinero habría servido para sufragar eventos donde se loaba a UM y su programa o remunerar la labor de los buscadores de votos.

Cinco de los seis restantes implicados son miembros de estas asociaciones de emigrantes argentinos y colombianos: Carina Barroso; Lucía Estella Luque; Joaquín Mandado y Norma Aurora Mario. El sexto encausado es un electricista al que el Consell adeudaba 1.700 euros por unos trabajos en el castillo de Alaró y que cobró el dinero mediante una factura falsa vinculada a uno de esos eventos partidistas.

La fiscalía anticorrupción sostiene que 19 expedientes de gastos inferiores a 12.000 euros abonados por el Consell permitieron dedicar esos fondos públicos a favorecer a UM.

Entre los actos investigados se halla un certamen de Miss Baleares Argentina; comidas, excursiones, conferencias, visitas a museos y conciertos musicales.

Según la fiscalía anticorrupción, algunos de esos eventos no llegaron a hacerse y el dinero para sufragar los mismos acabó en manos de los dirigentes de las asociaciones de inmigrantes. Otra de las acusaciones es el pago de 20.500 euros a una imputada por informes inexistentes o plagiados de internet.