La presidenta del Govern, Francina Armengol, cifró ayer en 10 millones de euros anuales los fondos que el Govern prevé que afloren con la puesta en marcha del plan contra el fraude fiscal, que se sumarán a los aproximadamente 40 millones que se han obtenido anualmente en la pasada legislatura por este motivo. Fuentes del Govern precisaron que el objetivo es lograr los niveles de ingresos por la lucha contra el fraude fiscal que existían con el anterior Govern del Pacto, de entre 45 y 50 millones de euros anuales, y que en la pasada legislatura, con el Ejecutivo del PP, bajaron a entre 35 y 45 millones.
Armengol efectuó estas declaraciones en respuesta a los portavoces del PP y el PI, Marga Prohens y Jaume Font, quienes criticaron la prevista subida de impuestos anunciada por el Govern. La jefa del Ejecutivo replicó con especial dureza a la portavoz popular y afirmó que quien practica una "terrorífica" política fiscal es el Gobierno central al gravar "las rentas de trabajo" y no las del capital, mientras "amnistía" a defraudadores fiscales. Justificó la subida de impuestos del Govern a "a los que más tienen" en la necesidad de obtener ingresos para adoptar medidas dirigidas a "los más débiles" que padecen en mayor medida la crisis.
Prohens sostuvo que si en la pasada legislatura hubiera gobernado el Pacto la deuda de las arcas autonómicas sería de 11.000 millones de euros, en vez de los 9.000 millones a los que asciende. Font, por su parte, dejó claro que su partido "no podrá" apoyar los presupuestos del Govern si incluyen una subida de impuestos.
La situación de las arcas autonómicas protagonizó también el debate sobre la propuesta del PSOE de instar al Gobierno central a "incrementar sustancialmente el límite de déficit" del 0,3% previsto para el próximo año. La propuesta fue aprobada por todos los partidos salvo el PP y Ciudadanos. En el transcurso del debate, Laura Camargo, diputada de Podemos, instó a crear lo antes posible la Oficina Anticorrupción prevista en el pacto entre su partido, PSOE y Més, que se encargará de elaborar una "auditoría ciudadana de la deuda" que determine "qué parte se ha malgastado o qué parte corresponde a corrupción", es decir, "sobre qué parte no se debe pagar con fondos ciudadanos". Además, defendió reducir empresas públicas que "sólo suponen beneficios tangibles para unos pocos".
La política educativa también protagonizó el pleno en el que el conseller Martí March afirmó que el Govern no es "adversario" de la educación concertada, aunque dejó claro que esta no es "un derecho", sino un "instrumento" y que se concertará en Primaria con los centros Aixa y Llaüt del Parc Bit, pero no en Secundaria.
