Jaume Matas ha decido acogerse a su derecho a no declarar ante el juez Castro. El expresident había sido citado en calidad de imputado en el caso Son Espases después de que la exconsellera Aina Castillo le acusara de amañar el concurso de adjudicación del hospital de referencia.
Matas, que se encuentra en libertad desde abril, ha llegado sobre las 11:31 horas a Vía Alemania y ha abandonado los juzgados apenas veinte minutos después.
El juez Castro citó como imputado al expresidente después de que la exconsellera de Salud Aina Castillo le acusara de amañar el concurso de adjudicación de Son Espases, un extremo que confirmó el pasado 1 de septiembre que el expresidente amañó la adjudicación para construir Son Espases, ya que dio instrucciones para manipular el concurso a favor de OHL.
La exconsellera relató que Matas le entregó en una cafetería un sobre en el que obraban argumentos técnicos, dirigidos a la mesa de contratación, para que la adjudicación fuera a favor de OHL.
El expresidente ya prestó declaración como imputado por esta misma causa ante el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en septiembre de 2014, cuando cumplía pena en la cárcel de Segovia por una pieza del caso Palma Arena por la que fue condenado a 9 meses de prisión.
En esa comparecencia, explicó que, después de que un medio de comunicación publicara que el concurso de Son Espases se iba a adjudicar a OHL, poniendo "bajo sospecha" las valoraciones de las propuestas que se habían presentado, convocó una reunión en la sede de la presidencia del Govern para informarse de si había algún problema en el proceso de adjudicación.
Detalló que la reunión fue multitudinaria y que entre quienes asistieron estaban la entonces vicepresidenta, Rosa Estarás; la consellera de Salud y Consumo Aina Castillo y el responsable de la Abogacía de la comunidad José María Fiol, quien le dijo que todo estaba correcto.
Aun así, requirió acudir a organismos externos independientes que certificaran que todo estuviera correcto; decidió consultar al Consell Consultiu cómo proceder y siguió su recomendación de pedir informes a los colegios de economistas e ingenieros.
Castro investiga los supuestos delitos de prevaricación continuada, falsedad documental y fraude a la administración pública en la adjudicación de la construcción, gestión y mantenimiento del mayor hospital del archipiélago y ha imputado a ocho personas.
