El juez de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha dado hoy por finalizada la investigación del llamado caso Ossifar y ha planteado que sean juzgados dos ex altos cargos de Emaya, Malén Tortella y Germán Chacártegui, y el empresario Juan Pocoví, por cuatro presuntos delitos de corrupción.
En un auto dictado hoy, el juez Barceló archiva buena parte de la investigación para la mayoría de los imputados, incluida la expresidenta de Emaya Cristina Cerdó, y acuerda que sigan los trámites de una parte de esta causa para los tres citados, por presunta falsedad, prevaricación, malversación y fraude a la Administración.
Barceló ha sobreseído la investigación por la convocatoria de concursos para comprar contenedores soterrados por parte de Emaya en 2009, así como por otros concursos convocados entre 2007 y 2011, años en los que la empresa municipal de aguas y alcantarillado de Palma estaba bajo mando de Unió Mallorquina (UM).
El magistrado sí continúa la tramitación como procedimiento abreviado contra el exresponsable de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui; la exgerente Malén Tortella y el administrador de la compañía Seguridad y Limpiezas, Juan Pocoví, por otras presuntas irregularidades.
Lo que resta de la causa pasa ahora al ministerio fiscal para que en un plazo de diez días presente escrito de acusación solicitando apertura de juicio oral contra estas tres personas que continúan imputadas o pida el sobreseimiento de la causa, pudiendo excepcionalmente plantear diligencias complementarias.
Los hechos que el juez considera punibles son que se compensó a la empresa de Pocoví de una multa que le había sido impuesta por retrasarse en la entrega de un suministro, evitando que corriera a su cargo la pintura de varias máquinas barredoras por importe de 13.920 euros y elaborando cuatro facturas falsas.
También considera punible que se encargara la compra de 225 contenedores de superficie y 500 papeleras mediante el fraccionamiento en 24 facturas por menos de 12.000 euros para evitar la licitación pública, y que se admitieran tres facturas falsas de 1.450 euros cada una, para compensar el gasto de un peine para cargar y descargar contenedores que no se había facturado.
El juez Barceló considera que Chacártegui y Pocoví pudieron estar implicados en las tres irregularidades. En relación con Tortella, cree que pudo esta relacionada con la adjudicación de la mayor parte del suministro de papeleras y contenedores a la empresa de Pocoví por un compromiso previo con él y se remite al escrito de acusación de la Fiscalía para determinar si continúa imputada en la causa.
En el auto, el juez explica que las manifestaciones que realizó Chacártegui durante la instrucción, relatando diversas irregularidades de los responsables de Emaya en connivencia con empresarios, "fueron fundamentales para mantener la investigación inicial de la Fiscalía Anticorrupción y la guardia Civil", pero la mayoría se han ido desvirtuando a medida que avanzaban las indagaciones.
Añade que también han ido decayendo la mayoría de los indicios incriminatorios que en una primera impresión parecían derivarse de los documentos que aportó a la causa.
El juez duda de si la situación personal de Chacártegui (con problemas con adicción a drogas y alcohol que él mismo admitió) pudo influir en su percepción de "una realidad distinta a la que realmente tuvo lugar", unida a su malestar por su despido de Emaya que él considera improcedente.
Buena parte de la versión de Chacártegui ha quedado "huérfana de apoyo solvente" tras el estudio de la documentación y las declaraciones de los demás imputados.
Sobre la denuncia que inspiró la investigación, por el presunto sobrecoste en la adquisición de contenedores, el juez considera que los precios son propios de una economía de libre mercado, y que también la adjudicación de la instalación de contenedores soterrados se ajustó a la legalidad vigente.
El auto dictado por el juez no es firme y caben recursos ante el propio magistrado y ante la Audiencia de Palma.
