Los seis acusados, cuatro chicas y dos chicos, de interrumpir una misa en la iglesia de Sant Miquel de Palma rechazan el acuerdo que les ha ofrecido el Obispado de renunciar a la vía penal si admiten que se comportaron mal al protestar en favor del aborto libre, según fuentes jurídicas. Las proabortistas prefieren enfrentarse al juicio oral para defender su inocencia que ofrecer una disculpa a la Iglesia.
Los hechos ocurrieron al mediodía del 9 de febrero del 2014, cuando la misa en la iglesia de Sant Miquel fue interrumpida de manera abrupta por la entrada en el templo de unos 30 manifestantes. Los jóvenes portaban una pancarta con el lema "fora rosaris del nostres ovaris" y se pasearon por el templo lanzando consignas en favor del aborto libre y gratuito. El grupo se dirigió hacia el altar, donde el jesuita Norberto Alcover celebraba la eucaristía. Algunos feligreses intervinieron con rapidez y expulsaron a los manifestantes de la iglesia, sin que se produjeran otros incidentes.
Retirar la acusación
A finales de agosto pasado el Obispado manifestó que su intención no era mandar a nadie a la cárcel y se mostró dispuesto a retirar la acusación si los implicados, defendidas por Josep de Luis, admitían que se comportaron mal. La Iglesia no puso como condición el que las acusadas se declarasen culpables del delito contra la libertad religiosa que se les imputa: únicamente pidió una disculpa pública.
El pasado miércoles el obispo de Mallorca, Javier Salinas, insistió, a preguntas de los periodistas, en la puerta abierta para que los acusados admitan que se comportaron mal al proferir gritos y exhibir pancartas en medio de la eucaristía.
Salinas señaló que los hechos habían sido "muy graves", y "dolorosos", ya que se conculcaron los derechos de los feligreses a la libertad de culto.
El obispo no descartó llegar a un acuerdo de conciliación con los acusados.
Derechos reproductivos
Los colectivos "Feministes Encausades" y "Alerta Solidaria" difundieron, el 28 de agosto, un comunicado anunciando su intención de "seguir defendiendo los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres", sin "ningún tipo de ingerencia política y eclesiástica".
La nota enmarcaba la protesta en Sant Miquel en un contexto de manifestaciones contra la reforma de la Ley del Aborto, impulsada por el PP y que, inicialmente, endurecía y limitaba las condiciones para poder interrumpir voluntariamente los embarazos. Los colectivos reclamaron la libre absolución de los seis acusados por los incidentes en la iglesia de Sant Miquel y justificaron la interrupción de la misa en un acto de libertad de expresión.
El comunicado cargó contra la Iglesia, a la que atribuyó "el sobrevivir a costa de las subvenciones de un Estado supuestamente aconfesional" y a la que negó potestad "para opinar o influir sobre decisiones que se han de tomar en el ámbito personal (en referencia al aborto)".
No es un delito
La acción de Sant Miquel se enmarcó "en un contexto de fuerte lucha y reivindicaciones feministas a lo largo de todo el país (...) para demostrar un claro rechazo a la propuesta de reforma de la Ley del Aborto del Gobierno español".
Para las proabortistas, "la protesta fue un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión" y, "por tanto no es delito alguno".
El delito por el que la Audiencia juzgará a los manifestantes está tipificado en el artículo 523 del Código Penal. La acusación particular, ejercida por Miquel Arbona, podía haber pedido entre 6 meses y 6 años de cárcel para los acusados.
El delito lo comete "el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas" ya sea en un lugar de culto, lo que es una conducta más grave, o fuera de él.
El juicio por este caso no ha sido señalado todavía por la Audiencia de Palma.
Un séptimo manifestante, que era menor de edad, ya ha sido juzgado y sometido a medidas correctivas.
