El caso Farmacias lleva catorce meses en los juzgados y poco hemos avanzado en el esclarecimiento de los hechos que, con el cambio de Govern, parecen todavía más lejanos.
Los avatares procesales de la querella del farmacéutico Cristòfol Pons sobre si la trama se tenía o no que investigar han ocupado parte de ese tiempo. No fue hasta ayer cuando comparecieron los primeros imputados, entre ellos César Vicente Sánchez que, en su calidad de director general de Farmacia entre 2011 y 2015 tenía la responsabilidad de los concursos sobre nuevas farmacias, paralizados desde al menos 2009.
El ex alto cargo no aportó mucha luz al caso. Más bien se limitó a echar balones fuera responsabilizando a los servicios jurídicos del Govern de no informarle de que la Justicia marcó, desde enero del 2014, un plazo máximo de seis meses entre las autorizaciones de boticas y los concursos para poder ser explotadas.
Cuesta creer que todo un director general de Farmacia de Balears no conozca hasta las comas de las últimas resoluciones judiciales que afectan a sus competencias. Pero abrir nuevas oficinas no interesaba a los farmacéuticos ya instalados en el negocio, entre ellos el entonces president del Govern José Ramón Bauzá. Era un Ejecutivo de farmacéuticos y defendían sus garbanzos.
Ahora tampoco es oportuno aclarar porque la Administración no cumplió sentencias judiciales claras. Lo hace muchas veces y nunca pasa nada.
La duda es qué hará el nuevo Govern con estos concursos.
