César Vicente Sánchez, director general de Farmacia en el anterior Govern del PP, rechazó ayer ante el juez del caso Farmacias haber recibido órdenes de los entonces president y conseller de Sanidad del Ejecutivo, José Ramón Bauzá y Martí Sansaloni, para congelar los concursos sobre varias decenas de farmacias nuevas que habían sido autorizadas. Vicente culpó a los servicios jurídicos de su conselleria y del Govern de no informarle de las sentencias del TSJB que instaban a convocar de manera urgente los concursos para varias farmacias.

César de Vicente Sánchez, farmacéutico sin establecimiento abierto en la pasada legislatura, es el alto cargo responsable, según las pesquisas judiciales, de no haber activado las licitaciones para que otros compañeros de profesión explotaran un rosario de farmacias autorizadas pero no abiertas.

Ignorante jurídico

El imputado declaró durante casi dos horas y media, tiempo en el que contestó a las preguntas de la acusación particular, en nombre del farmacéutico querellante Cristòfol Pons, y del juez Antoni Garcías.

Buena parte del interrogatorio giró en torno a la sentencia del TSJB de 29 de enero del 2014 donde se conminó al Govern a no dejar pasar más de seis meses entre la autorización de una botica y el concurso para adjudicarle un titular.

La Audiencia apuntó el pasado enero que Bauzá, Sansaloni y Vicente, podían haber incurrido en un delito de prevaricación por omisión por no cumplir esa sentencia y ordenó interrogar en primer lugar al responsable de activar o paralizar los concursos.

El ex director general aseguró que si los servicios jurídicos le hubiesen informado de la sentencia, y de otros fallos judiciales anteriores, habría iniciado los concursos. El declarante añadió que sus conocimientos jurídicos eran muy limitados y que, por ejemplo, tampoco se leyó la sentencia del TSJB donde se admitió que Bauzá podía compatibilizar la explotación de su farmacia, mediante una sustituta, con la presidencia del Govern.

Fuentes jurídicas señalaron que la acusación particular pedirá que se interroguen, como testigos, a los abogados de la conselleria de Salut y otros asesores jurídicos del Govern relacionados con los litigios por las farmacias congeladas.

Proceso complejo

Tras su interrogatorio, el exdirector general de Farmacia reconoció en los pasillos del juzgado que ha habido retrasos en los concursos, disfunción que atribuyó a la complejidad del proceso y la elevada participación en el mismo.

El imputado añadió que la demora permitió al Govern del PP elaborar "una nueva ley y un buen decreto" para regular la ordenación farmacéutica.

"Creemos que la ley tenía que hacerse y el interés general de los ciudadanos era lo más importante", apostilló Vicente.

Vicente ha detallado que el proceso se alargó por las revisiones que han tenido el decreto, la ley y el catálogo de farmacias, por "las constantes reuniones con el Colegio de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Farmacéuticos Adjuntos y mucha más gente que ha participado". Según Vicente, el decreto y la ley balear han sido valorados por el sector en todo el país e incluso "se están poniendo como ejemplo" por parte de otras comunidades autónomas.

Ayer también declaró, en calidad de imputada, Lucía Bermejo, ex secretaria general técnica de la conselleria de Salut. Cristòfol Pons amplió su querella contra ella para responsabilizarla del extravío de un documento de un expediente administrativo.