El Consell de Mallorca ha aprobado en sesión plenaria, con 31 votos a favor y 2 abstenciones, la norma territorial cautelar que supone un régimen transitorio para grandes establecimientos comerciales que permanecerá en vigor hasta la aprobación del plan director sectorial de equipamientos comerciales, prevista para junio de 2017.
En un comunicado, la institución insular ha indicado que la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, ha remarcado que la norma "es un paso imprescindible para aprobar el plan" para el que "esperamos contar con el máximo apoyo para que sea perdurable y los ayuntamientos puedan aplicar".
Esta norma territorial suspende la implantación y ampliación de grandes establecimientos en suelo urbanizable y rústico, y la limita en suelo urbano.
También especifica lo que se entiende por gran establecimiento, aquellos que superan los 700 metros cuadrados de superficie útil para exposición y venta.
No obstante, se exceptúan los establecimientos de menos de 2.000 metros cuadrados que son para exposición y venta de automóviles y vehículos de motor, maquinaria, equipo industrial, embarcaciones, aeronaves, muebles y material de construcción.
Según el Consell, el objetivo del departamento de Territorio e Infraestructuras es redactar el plan lo antes posible y contar con la participación de todos.
Asimismo, poner en marcha una comisión de seguimiento con los representantes políticos de los grupos que tienen representación en el Consell y otra comisión con las entidades relacionadas con el sector del comercio, entidades medioambientales y sindicatos.
La consellera ha añadido que "plantearemos si queremos más grandes centros comerciales que vacían las ciudades o apostaremos por el pequeño comercio que mantiene las ciudades vivas".
El Consell también ha aprobado estudiar la viabilidad económica y legal para resolver los contratos actuales de importación de residuos que permiten su llegada a la isla y que, según la formación Més, hacen que Mallorca sea "el estercolero de Europa".
Este texto, según ha precisado Més en una nota, también prohíbe al equipo de gobierno del Consell firmar contratos de importación de residuos, sea cual sea su origen, y obliga a fiscalizar y auditar las actividades de la empresa concesionaria.
Esta moción para paralizar la eventual firma de nuevos contratos de importación de residuos ha sido defendida por Proposta per les Illes, el PI, que ha calificado la medida de "inicio de un camino para definir el modelo de gestión de residuos que queremos para esta tierra, ya que vivimos del turismo pero también del medio ambiente y el territorio".
Esta iniciativa ha sido aprobada por 21 votos a favor, y con una abstención por parte de Ciudadanos y los votos contrarios de los nueve representantes del Partido Popular.
El PP ha justificado su voto en contra en que se trata de un "irresponsabilidad" del equipo de gobierno insular porque no ha calculado los "efectos económicos y jurídicos" de esta iniciativa.
La consellera popular Catalina Soler ha calificado de "falsedad" el inicio del proceso y ha acusado el pacto de izquierdas de preocuparse "sólo por quedar bien ante su electorado", ya que este procedimiento "no restringe ahora mismo la llegada de nuevas importaciones de combustible en Mallorca".
El pleno a ha arrancado con la lectura de una declaración institucional, consensuada por las fuerzas políticas con representación en la institución insular, sobre los refugiados de Siria y mediante el que se ha declarado a Mallorca tierra de acogida.
