Cuando un residente en Balears moría sin dejar testamento y sin tener familiares herederos, sus bienes pasaban a manos del Estado, que a su vez debía dar un tercio de su valor al municipio del fallecido y otro tercio a su provincia, en ambos casos para destinar estos fondos a entidades dedicadas a obras sociales. Las cantidades no eran muy altas, pero en el reparto muchas pequeñas organizaciones de las islas dedicadas a ayudar a personas con enfermedades graves o minusvalías recibían el dinero necesario para poder desarrollar sus campañas informativas o de concienciación. Pero el pasado mes de julio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió cambiar las reglas de juego y quedarse con la totalidad de esos fondos para que el reparto se realice a partir de los presupuestos generales del Estado.
Los primeros en recibir esa noticia con preocupación han sido las pequeñas organizaciones isleñas dedicadas a las obras sociales, ante el temor a quedarse sin unos ingresos (entre 3.000 y 4.000 euros anuales en la mayoría de los casos) que, sin ser fundamentales para su funcionamiento, sí les resultan muy útiles. Pero también el Govern ha tomado nota: PSOE y Més llevaban tiempo reivindicando una modificación del Derecho Civil balear, ya que las islas son la única de las ocho autonomías que, teniendo posibilidad de hacerlo, no asumía directamente esos abintestatos. Esta modificación ya se ha iniciado para no perder ni un euro.
El pasado mes de julio el ministerio de Hacienda publico la orden modificando la citada fórmula de reparto, alegando los criterios fijados en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. De este modo, a partir de esa fecha es el Estado el que se queda con los abintestatos y el responsable de repartirlo en su totalidad. Ese mismo mes, el Consell de Govern anunció también que iniciaba los trámites para reformar la legislación civil balear y quedarse con todo el valor de esas herencias, que pueden suponer unos ingresos de alrededor de medio millón de euros al año, para luego remitir ese proyecto al Parlament para su aprobación definitiva a principios del próximo año.
Balears como excepción
Según destaca Lourdes Aguiló, abogada de la Comunitat Autònoma, la situación en la que se encuentra Balears no tiene ninguna lógica. En España hay ocho autonomías con derecho civil foral que las permite ser las receptoras del valor total de estos abintestatos, y las islas son la única que no ha hecho los cambios para conseguir esos ingresos, a diferencia de Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Extremadura.
En palabras de Aguiló, "si antes era importante hacer esa reforma, ahora resulta urgente" a la vista de los cambios impulsados por el Ministerio, y reprocha al anterior Ejecutivo de José Ramón Bauzá que no adoptara esta iniciativa pese a las peticiones realizadas por PSIB-PSOE y Més en este sentido.
El objetivo ahora es no perder ni un euro. Para empezar, y dado que la orden de Montoro se remitió en julio, se espera que el reparto de las herencias intestadas de este año se mantenga según los criterios que otorgaba un tercio del valor al ayuntamiento y otro tercio a la provincia. Y para las que se registren a partir de 2016, se confía en que el Parlament apruebe los cambios a principios de ese ejercicio, quedándose ya entonces la Comunitat Autònoma con la totalidad de su valor.
¿Y como asignará entonces el Govern esas cantidades? Lourdes Aguiló señala que se trata de una decisión que deberá adoptar la Cámara balear, pero señala que lo más probable es que se mantenga a los ayuntamientos en el reparto y que en el mismo se incorporen también los consells insulars.
