La Conselleria de Salud ha inscrito desde el 20 de julio a 750 inmigrantes irregulares en el registro que les garantiza la devolución del derecho a una asistencia sanitaria completa, según informó ayer tras la reunión con el Ministerio en la que ha exigido el fin de la exclusión de ese colectivo.

"La atención sanitaria debe ser universal y desde las comunidades con gobiernos progresistas exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012", por el cual se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia en España.

En la reunión de la Comisión Técnica de Prestaciones celebrada en el Ministerio de Sanidad, el Govern, representado por la subdirectora de Prestaciones y Cartera de Servicios, Micaela Comendeiro, defendió que, si no se deroga el decreto, se permita que las comunidades regulen la atención a los inmigrantes sin papeles en el ejercicio de sus competencias.

"Defendemos una sanidad pública universal con los mismos derechos para toda la población, no queremos parches ni modificaciones", incidió la consellera Gómez, para quien la atención sanitaria a todos los residentes "es una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de solidaridad con la población más vulnerable y sin recursos".

La Conselleria aseguró que la reunión de ayer centró "en cuestiones técnicas y, en ningún caso, se había llegado a acuerdos previos sobre la asistencia a esta población por parte de las comunidades autónomas, tal y como se pretende trasladar de manera confusa desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad", denunció. Se ha quejó de que el Ministerio cambió minutos antes de la reunión el documento de trabajo que había remitido previamente, y, además, dio un plazo de 15 días a las administraciones regionales para plantear sus aportaciones. La Conselleria de Salud aclaró que el documento que permite a los inmigrantes residentes en Baleares recibir atención sanitaria completa se circunscribe a las islas.