La sala segunda de la Audiencia de Palma confirmó ayer que la cúpula de la conselleria de Carreteras con Unió Mallorquina (UM) y un grupo de empresarios y altos cargos de la UTE que construyó y explota la autovía de Palma a Manacor serán juzgados por el desvío de 42 millones de euros públicos y otros delitos. Las defensas de 7 de los acusados presentaron recursos contra unos autos de la juez de instrucción 5 de Palma para, entre otros objetivos, tratar de que el caso no fuera juzgado por un tribunal popular.
El principal acusado es Antoni Pascual Ribot, conseller de Carreteras del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007. También se sentarán en el banquillo Gonzalo Aguiar, director de carreteras; Francisco Orejudo, director de las obras de la autovía a Manacor y Gabriel Mestre, celador de esas obras.
El caso Peaje será juzgado por un jurado popular en la Audiencia. La causa entraña una enorme complejidad dado el elevado número de acusados (13) y los hechos investigados: una maraña de sobornos por parte de la UTE concesionaria de la autovía (Pamasa) a la cúpula de Carreteras del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina y un descalabro millonario para el Consell (42 millones de euros) derivado del inflado de costes de las obras.
La Audiencia da la razón a los defensores de algunos imputados en el sentido de que resulta difícil incardinar los hechos en una malversación de caudales, pero sí ve indicios de que los responsables de Carreteras se concertaron con la UTE para inflar el coste de las obras, lo que podría ser constitutivo de un fraude a la Administración.
A Antoni Pascual Ribot también se le atribuye el cobro de sobornos pagados por la UTE a medida que se iban ejecutando tramos de la carretera.
El tribunal únicamente ha estimado el recurso de un imputado que fue exculpado, el carpintero Damián Nicolau Riera. Este empresario pidió ser exonerado completamente de culpa y la Audiencia reconoce que no cometió delito alguno.
