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Memoria Histórica

El Govern se personará ante la Fiscalía para abrir las fosas del franquismo

La Ley de Memoria Histórica que prepara el Pacto de izquierdas otorga a la conselleria de Participación y Cultura la competencia de recuperar los cadáveres de los fusilados - Se pedirá a la Justicia la realización de las pruebas de ADN

Acto de homenaje durante el retorno de los cuerpos de tres represaliados de Maria que estaban enterrados en una fosa común de Sant Joan. b. b.

El Govern se podrá personar ante la Fiscalía para exigir al ministerio de Justicia la reapertura de las fosas comunes de la Guerra Civil en Balears y la realización de las pruebas de ADN de los cadáveres. La Ley de Memoria Histórica, o Ley de Fosas, que prepara la izquierda otorgará a la Conselleria de Participación y Cultura las competencias en esta materia.

La diputada de Més y profesora de derecho de la UIB, Margalida Capellà, está ultimando la redacción de la norma. El objetivo es llenar el vacío legal que existía, ya que los familiares de las víctimas no sabían a qué administración acudir para reclamar la apertura de las fosas comunes. Ahora saben que la competente es la conselleria de Participación y Cultura que gestiona la consellera Esperança Camps, de Més.

Asimismo, la nueva norma incluirá la realización de un plan urbanístico de todas las sepulturas y su señalización. Margalida Capellà indicó que otras normativas de este tipo, como es el caso de la de Andalucía, contempla sanciones importantes por la profanación o destrucción de las fosas. Un régimen de sanciones que también podría ser incluido en la nueva Ley de Memoria histórica.

Desde el momento en que los familiares inicien un procedimiento judicial, el Govern tendrá la potestad para realizar una personación pública y apoyarles. Ello permitirá que sea el ministerio de Justicia quien asuma la realización de las pruebas de ADN para identificar a los cadáveres, una vez cotejadas con las de sus familiares vivos. Este tipo de pruebas con tejido óseo tiene un elevado coste, alrededor de unos 3.000 euros cada una. Capellà recordó que ahora existen métodos más modernos con un coste mucho menos elevado y que podría ser asumido perfectamente por el Gobierno central a través del ministerio de Justicia. Para ello, será fundamental la personación pública de la máxima institución de Balears.

La UIB, en combinación con la Asociación de Memòria Històrica de Mallorca, ha venido recopilando en los últimos años un banco de muestras de ADN de familiares vivos de represaliados y fusilados entre 1936 y 1939. Estas muestras serán las que se cotejarán con las que se realicen a los cadáveres una vez se hayan exhumado de las fosas comunes.

Coordinación institucional

La nueva ley también contemplará la fórmula de coordinación entre instituciones para acometer los trabajos. Hay que tener en cuenta que muchas de las fosas comunes están ubicadas en cementerios que son de titularidad municipal y se deberá contar con la colaboración del ayuntamiento correspondiente. Asimismo, se pretende que los arqueólogos del Consell de Mallorca puedan participar en las minuciosas excavaciones que se deberán realizar para exhumar unos cuerpos que llevan casi 80 años enterrados.

La segunda fase de la operación, una vez abiertas las fosas e identificados los cadáveres, será el momento de hacer justicia. La nueva norma pretende revisar las sentencias de fusilamiento dictadas contra los republicanos en el año 1936. En la izquierda recuerdan que la mayoría de los fusilados durante el conflicto bélico no tuvo un juicio digno y fueron ejecutados por cuestiones políticas.

El Govern del PP, presidido por Jose Ramón Bauzá, ha tenido todo el proceso de apertura y señalización de las fosas totalmente paralizado durante los últimos cuatro años. La Asociación de Memòria Històrica de Mallorca realizó una minuciosa investigación para ubicar las fosas comunes en nuestra isla. El trabajo fue fruto de un convenio con el Govern donde la asociación se comprometía a documentar las fosas y el Ejecutivo a asumir los trabajos de arqueología para poder recuperar los cuerpos. El convenio fue firmado en marzo de 2010 con Francesc Antich de president del Govern y Fina Santiago de consellera de Servicios Sociales.

Memòria de Mallorca culminó la documentación de las sepulturas en 2012 y se puso en contacto con el Govern para que cumpliera su parte del convenio y empezara a realizar los trabajos de arqueología de las fosas comunes. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta del Ejecutivo popular. Por ello, todo el proceso ha estado totalmente aparcado.

Los únicos cuerpos que se han podido recuperar en Mallorca son los de tres fusilados de Maria de la Salut que estaban en una fosa común del cementerio de Sant Joan. Los tres represaliados ya descansan en su pueblo natal gracias a la colaboración entre los ayuntamientos de Maria y Sant Joan.

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