Después de que Balears y su nuevo Govern hayan abierto el camino con la devolución de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno se prepara para dar una solución común a todo el Estado. O eso aseguró ayer el presidente, Mariano Rajoy, que criticó que los inmigrantes tengan derechos distintos en cada autonomía, aunque no especificó si su solución será prohibir la atención sanitaria pública en todas partes o permitirla en todas las autonomías.

Días después de que su Gobierno amenazase a Balears con multas europeas por devolver la tarjeta sanitaria a inmigrantes, Rajoy se limitó ayer anunciar que en septiembre se resolverá "definitivamente"la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. "Los derechos, igual que los deberes y las obligaciones, deben ser exactamente iguales para todos en todo el Estado", afirmó, críptico, Rajoy.

El líder del PP considera que la sanidad pública española concede a los inmigrantes irregulares una atención "de las más avanzadas del conjunto de la Unión Europea", por lo que su Gobierno cree "algo bastante razonable, que es que el mismo trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España".

Mientras tanto arrecian las críticas al Gobierno que preside. Ayer mismo, el PSIB difundía un comunicado en el que su portavoz, Pilar Costa, calificaba de "miedo electoral" del PP la "amenaza" del Ministerio de Sanidad de que la devolución de tarjetas sanitarias a los inmigrantes podría suponer multas millonarias para las comunidades autónomas. La socialista achaca la actitud del PP a la proximidad de las elecciones generales y el "miedo electoral que tiene el PP por los malos resultados que pronostican las encuestas".

La portavoz del PSIB-PSOE cree que, en vez de hablar de multas, "lo que debería hacer el Gobierno del PP es dedicar más recursos a la sanidad pública a través de los Presupuestos Generales del Estado, porque ha sido uno de los ámbitos más castigados por los recortes ideológicos impulsados esta legislatura". Animó además al Govern balear a seguir impulsando medidas que como el retorno de la tarjeta sanitaria y el plan contra la explotación laboral, que considera "un referente para otras comunidades autónomas en su aplicación".