Las comunidades autónomas que han vuelto a dar cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, entre ellas Balears, reaccionaron ayer con indignación a las advertencias hechas por el Gobierno sobre una posible vulneración de competencias e hipotéticas "multas millonarias" por parte de la Unión Europea. En Mallorca, la consellera de Salud, Patricia Gómez, tachó la amenaza de "inaceptable" mientras que la presidenta Armengol solicitó a Madrid "que deje de poner palos en las ruedas" a las autonomías.
Desde el pasado día 20 de julio han recuperado su tarjeta santiaria 606 personas, algo que tanto para Armengol o Goméz es un motivo "de orgullo". La presidenta de la comunidad pidió al Gobierno estatal que en vez de tratar de perjudicar las políticas autonómicas "se replantee qué apoyo dá a este Govern y a esta comunidad".
El PP niega la amenaza
El PP aseguró ayer que "en modo alguno" ha amenazado a las autonomías sino que simplemente "ha descrito una situación". Así lo indicó el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, que consideró que en este sentido el PSOE ha hecho demagogia. Según Bermúdez con sus palabras el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, solo "alertó" sobre la posibilidad de las sanciones económicas "de manera responsable" al tratarse de una competencia estatal.
Armengol indicó no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre un posible incumplimiento normativo y recordó que la UE advirtió a España a principios del año pasado sobre la exclusión de los inmigrantes de los servicios sanitarios, señalando que "la medida es contraria a la Carta Social Europea".
La consellera Gómez argumentó además que no se está vulnerando ninguna competencia estatal: "No entendemos estas amenazas por parte del Gobierno", señaló, "no hay vulneración de competencias ya que no se ha devuelto ningún derecho sino que, siguiendo el Estatuto de Autonomía balear, se ha garantizado una atención sanitaria normalizada".
"Ya hemos devuelto unas 600 tarjetas sanitarias que permiten garantizar la asistencia de una forma normalizada, con continuidad y atendiendo a la promoción de la salud y la prevención", describió, "y estamos orgullosos de esta medida que se está aplicando desde el principio de legislatura".
"Una normativa muy clara"
Sobre las posibles multas de la UE, Gómez defendió que la normativa balear es "muy clara" en este aspecto y que incluso está siendo usada como modelo a a seguir por varias comunidades que quieren iniciar este mismo proceso ya que "especifica de una manera muy clara cuáles son los derechos de la población comunitaria y qué hay que hacer con las personas de la UE porque está recogido en otros textos".
La consellera añadió que "Andalucía lo está haciendo desde el 1 de julio de 2012 y Asturias también está ofreciendo asistencia y no ha pasado nada" y atribuyó la advertencia del ministerio de Sanidad "al miedo político" de carácter electoralista hacia "las comunidades que están trabajando duro para garantizar esta asistencia".
