El Consell de Mallorca está meditando seriamente no paralizar la importación de basuras este año y esperar a interrumpir la llegada de residuos de Irlanda, Italia y Cataluña a partir de enero de 2016. El temor a tener que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones provoca que jurídicamente sea inviable esta paralización, pese a ser una promesa electoral estrella del pacto de izquierdas.
La consellera insular de Medio Ambiente, Sandra Espeja, está intensificando las negociaciones con Tirme, empresa concesionaria de la incineradora de Son Reus, para intentar cumplir uno de los anuncios electorales de todos los partidos de la izquierda. Sin embargo, fuentes del Consell reconocen que será muy difícil poder paralizar la llegada de otras 40.000 toneladas, que corresponden a los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2015. Por este motivo, están meditando posponer la paralización hasta el año que viene al no permitir nuevos acuerdos con las empresas importadoras de Irlanda, Italia y Cataluña.
En poder del Consell de Mallorca existe un detallado informe jurídico que no deja lugar a dudas. Si se incumplen los contratos firmados se deberán pagar cuantiosas indemnizaciones. En la institución insular indican que se está trabajando intensamente para impedir la llegada de más residuos foráneos, no obstante admiten que es muy difícil este año.
Tirme cobra entre 70 y 80 euros la tonelada de Combustible Sólido Recuperado (CSR), denominación técnica de los residuos previamente tratados que llegan en barco desde Italia, Irlanda y Sabadell. Sin embargo, fuentes de la concesionaria indican que ellos serán los menos perjudicados si se rompen los contratos. Los verdaderamente perjudicados, y lo más probable es que acudan a la justicia, son los gestores de Irlanda e Italia que deberán buscar donde llevar sus residuos y pagar un precio mucho más elevado para su eliminación. A todo ello se deben unir las navieras contratadas para realizar el traslado que verán como un contrato firmado se rompe con el consiguiente perjuicio económico. Todas estas cuestiones indican que las indemnizaciones a las que deberá hacer frente el Consell serán millonarias.
Tanto desde la institución insular como desde Tirme están estudiando con sus técnicos, juristas y economistas cuál sería el coste de romper el contrato de la importación de basura que concluye el 31 diciembre de este año.
Las reuniones entre Tirme y el Consell se han tenido que realizar en pleno mes de agosto, ya que a partir de septiembre está prevista la reanudación del servicio con la llegada de barcos procedentes de estos países europeos y Cataluña.
Congelación de tarifa
Otro de los aspectos que se están negociando entre el Consell y Tirme es qué pasará con la tarifa de incineración si se paraliza la importación de basura foránea. Hay que tener en cuenta que la tarifa que pagan los ayuntamientos, y repercute en el recibo de los ciudadanos, está congelada desde hace 6 años. Los consistorios abonan unos 130 euros por tonelada. Esta congelación de la tarifa se acordó a cambio de la importación de basura llegada desde Irlanda e Italia que ayudará a amortiguar los costes del servicio de incineración. Es un motivo más para que el Consell de Mallorca esté meditando no paralizar la llegada de residuos foráneos hasta la conclusión de los contratos con irlandeses, italianos y catalanes.
Basura de Menorca y Eivissa
La necesidad de seguir con la tarifa de incineración congelada para los ciudadanos de Mallorca provoca que el Consell busque una solución. Ésta no es otra que traer la basura de Menorca, Eivissa y Formentera a incinerar en Mallorca. De esta forma, se sustituiría la de Irlanda, Italia y Cataluña por la de las islas menores. En una de sus primera comparecencias públicas, el nuevo presidente del Consell, Miquel Ensenyat, así lo anunció.
El argumento para esta operación es que Balears está seriamente amenazada por la Unión Europea en suprimir las ayudas ambientales si antes del año 2018 no se ha dejado de tirar basura en los vertederos. Eivissa y Menorca lo siguen haciendo y hace pocos días se publicó que la Comisión Balear de Medio Ambiente no autorizaba al vertedero de es Milà (Menorca) a seguir con su actividad. De hecho, Menorca ha trasladado su basura hasta Mallorca en los últimos meses. El Govern deberá tomar cartas en el asunto si quiere evitar perder las ayudas ambientales que reparte Bruselas.
Sin embargo, el elevado coste de la incineración, comparado con el que representa tirar la basura en un vertedero, provocó que los consells de Menorca y Eivissa desestimaran la iniciativa de Mallorca. Apostaban por introducir otras formas de eliminación de residuos con es la reutilización y el reciclaje. Pese a ello, antes del 2018 deberán cerrar su vertedero.
