¿Cuál es el flujo voluntario de trabajadores del sector público al privado en la Mallorca actual? Tiende a cero. Queda así cancelado el resquemor genérico del funcionariado, ante una escasa valoración profesional y económica. La Administración se cotiza y se codicia.
Los funcionarios esgrimen el argumento incontestable de que han amarrado una plaza "en propiedad" -término contradictorio con la incertidumbre contemporánea-, tras el escrutinio en concurso público de sus requisitos y méritos. El selecto nivel 33 para altos cargos funcionariales enmarca una primera distorsión. El sobresueldo vitalicio y arbitrario va en detrimento de los compañeros que seguían trabajando, mientras el agraciado disfrutaba de prebendas políticas. Ningún estudio demuestra que el nivel de infartos supere entre los gobernantes al resto de la población.
En la España del XIX, por citar un siglo próximo, el turnismo de conservadores y liberales implicaba la remoción íntegra de la plantilla funcionarial. Esta cirugía radical es más noble que la perturbadora consolidación de puestos de "libre designación". A dedo, sin eufemismos. Sibilinamente se ha infiltrado otro agravio entre funcionarios, un supernivel 33 a cambio de prestaciones ambiguas y que no surge de un empresario dadivoso, sino del sufrido contribuyente. Con sello judicial.
Los partidos no se chupan el dedo al nombrar a amigos, con sobresueldos de chuparse los dedos. En concreto, de decenas de miles de euros. Como mínimo, esta obsequiosa conducta debería extinguirse con el desalojo cíclico del PP o el Pacto del Progreso. Sin embargo, aquí irrumpe el Tribunal Superior para sentenciar que la retirada del ascenso "discrimina gravemente por razones ideológicas".
Hablar de "discriminación ideológica" en el relevo de un enchufado bordea el sarcasmo, si no se agrega que la perversión nace de un nombramiento también por "discriminación ideológica", en este caso positiva para el beneficiario. Los jueces presuponen que los ascensos no obedecen a la pureza de sangre. Esta extrapolación peca de generosa en el caso de partidos políticos, y consagra además el dedo a perpetuidad.
El Govern mete el dedo en el enchufe. No solo para liberarse de dos centenares de privilegiados por el PP, sino para cometer sus propias arbitrariedades como ya ha demostrado en los nombramientos sustanciados hasta la fecha. No se debate aquí la protección de derechos adquiridos por trabajadores exprimidos y abandonados a su suerte, un terreno en que los jueces se han mostrado por fortuna garantistas en extremo.
Gestores tan acreditados como Toni Nadal registran su estupor ante la renovación completa de cargos a cada cambio de Govern. Sin embargo, la recuperación por el actual ejecutivo de una mayoría de personas que ya ocuparon cargos en anteriores legislaturas demuestra que nadie se disputaba sus preciados servicios.
En un mitin de su larguísima precampaña, Hillary Clinton ha instruido a la multitud que "no dejéis que nadie os diga que los empleos son creados por las corporaciones y empresas". La frase adquiere en Mallorca un sentido radicalmente opuesto a la meritocracia que propugna la futura presidenta de Estados Unidos.
