De poco sirvió el frente común. Las doce comunidades autónomas contrarias a la LOMCEdoce comunidades autónomas contrarias a la LOMCE, entre ellas Balears, plantearon ayer al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, frenar el calendario de aplicación "con garantías jurídicas", derogándolo a través de una nueva cláusula en la ley presupuestaria. Pero el sustituto de José Ignacio Wert no tiene previsto alterar los plazos marcados a pesar de que, tras las últimas elecciones autonómicas, solo cinco autonomías respaldan la reforma.
Lo único en lo que cedió algo el ministro fue en retrasar el decreto sobre las evaluaciones externas (las reválidas) para Secundaria y Bachillerato, abriendo así una nueva vía de debate con las comunidades, un hecho que para Martí March Martí March"no tiene mucha importancia" dado que su aplicación no iba a llegar hasta mucho más tarde. Con todo, el conseller balear mostró su "decepción" al comprobar que la postura del Gobierno del PP respecto a la aplicación de la ley "no se ha movido" pese a que la mayoría de comunidades consideran que es "una mala ley que no resuelve problemas, que crea desigualdad y que invade competencias autonómicas".
Por su parte, el ministro aseguró tras la reunión que el curso "comenzará con tranquilidad" en todas las comunidades autonómas.
Manifiesto conjunto
La suspensión de las evaluaciones externas de Primaria (que ya han comenzado a realizarse y que el ministro mantiene), ESO y Bachiller era uno de las demandas del manifiesto firmado por los responsables de Educación detractores de la LOMCE, March incluido, y que fue presentado antes de la Conferencia Sectorial.
El conseller balear compareció junto a sus homólogos de las comunidades contrarias a ley (todas las que no están bajo el gobierno del PP: Balears, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña ,Navarra y País Vasco) y señalaron que "para todo el mundo es ya evidente que esta ley era innecesaria, inconveniente e inoportuna".
Los firmantes aseguraron comprender "el imperativo legal que supone la aprobación de una ley orgánica", pero consideraron que no se puede ignorar "el desconcierto que está provocando". Tacharon de "nada razonable" continuar con la implantación de esta ley cuando se podrían evitar "incertidumbres y sufrimiento".
Además de la derogación del calendario a través de la ley presupuestaria y de suspender las evaluaciones externas, March y el resto de dirigentes contrarios a ley solicitaron al ministro aumentar la dotación presupuestaria para educación en los próximos presupuestos, creando una partida destinada a nuevos programas de cooperación territorial. También pidieron eliminar la remisión de estudiantes a centros privados en las comunidades con lengua propia".
El conseller balear señaló que se solicitó al ministro poner las bases para alcanzar un pacto educativo y una nueva ley más adecuada.
