La conselleria de Servicios Sociales ha exigido al Gobierno central que cumpla el acuerdo por el que la Comunidad Autónoma gestiona las pensiones no contributivas de la Seguridad Social en las islas, por lo cual recibe una transferencia anual desde las arcas estatales, para cubrir los gastos de esta gestión, que en los últimos años se ha visto drásticamente reducida hasta convertirse casi en testimonial. Así, si en 2011 Balears recibió desde el Estado 368.475 euros con este fin, para este año la cantidad transferida por el Gobierno central es de 3.824 euros, una cifra que la consellera de Servicios Sociales calificó de "insultante".
Santiago ha reclamado la revisión y actualización del convenio firmado con el Imserso por el que la Comunidad Autónoma se hace cargo de la gestión de estas pensiones no contributivas y que es competencia del Gobierno central. Se trata de prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que se encuentran es situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aunque no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Las pensiones no contributivas pueden ser por invalidez, si se sufre una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o por jubilación.
En Balears son beneficiarios de esta prestación unas 8.000 personas, según explicó Fina Santiago. Para gestionarlas, la Conselleria cuenta con una plantilla de 25 empleados públicos, de cuyo coste debería hacerse cargo el Gobierno central transfiriendo los fondos que se revisan anualmente. En 2011 Balears recibió por este concepto 368.475 euros, una cantidad que descendió al año siguiente a los 161.202 euros, ya con los gobiernos de los populares Mariano Rajoy y José Ramón Bauzá en Madrid y en Balears. En 2013 se mantuvo la misma cantidad y el pasado año el Gobierno central le aplicó un nuevo tijeretazo, dejando en 57.356 euros los fondos que recibió la Comunidad autónoma. Para este año la transferencia ha sido de 3.824 euros, una "cantidad muy insuficiente y que supone el incumplimiento del convenio", dejó claro Santiago.
Actualización de los fondos
Por ello, la consellera exige al Gobierno central que cumpla con el acuerdo entre el Imserso y Balears y "se revisen y actualicen" las cantidades que se transfieren, a la vez que amenaza, incluso si se actualizan, con denunciar el convenio.
En este sentido, Santiago afirma que "el coste real y efectivo" que suponen las 25 plazas del personal de la Comunidad para gestionar estas pensiones, incluyendo el coste de Seguridad Social e infraestructuras necesarias, "ascenderá este año a 785.136 euros" Se trata de una cantidad que nunca se ha alcanzado con las transferencias del Gobierno central y ante la cual los 3.824 euros aportados por las arcas estatales para este año dejan claro "el incumplimiento absoluto del convenio con el Imserso".
Por ello, Santiago no descarta denunciar el convenio. "Si tenemos que pagar lo que debería abonar el Gobierno de Rajoy, al final es mejor que lo gestione Madrid", afirmó la consellera. Añadió que, de llegarse a ese extremo, "no perjudicaría a los 25 funcionarios, ya que se destinarían a otras necesidades como por ejemplo atender las ayudas a la dependencia", ni tendría consecuencias para los beneficiarios de las pensiones contributivas, quienes "simplemente tendrían que ir a las dependencias del Estado en lugar de a las autonómicas".
No obstante, confió en que "se pueda reconducir" esta situación que "es, a todas luces, un abuso por parte del Gobierno central". Sin embargo, se mostró convencida de que, aunque se llegue a un acuerdo con Madrid, será difícil que éste incluya la devolución de los fondos que se han recortado desde 2011, ya que "el Govern de José Ramón Bauzá aceptó esa situación y por lo tanto es complicado revertirla ahora".
Carta al ministro
El objetivo de Santiago es, por lo tanto, que al menos se alcance un acuerdo para revisar y actualizar este año los fondos que se transfieren a Balears, "al menos para que se recupere el nivel de dotación que había en 2011". Con este fin, envió el pasado 31 de julio una carta al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para "reconducir esta situación antes de llegar a la denuncia del convenio, lo que rompería la dinámica de colaboración fructífera en este tema iniciada hace más de 20 años", según consta en la misiva.
En el escrito, la consellera traslada al ministro su "sorpresa" al encontrarse con "el incumplimiento sistemático del convenio de colaboración entre el Imserso y nuestra Comunidad Autónoma relativo a la gestión de las pensiones no contributivas" en los últimos años. Además, le recuerda que este convenio "se ha desarrollado con fluidez y normalidad sin grandes cambios y de manera satisfactoria por ambas partes" desde su firma en 1984.
En la carta dirigida a Alfonso Alonso, la responsable de Servicios Sociales del Govern le adjunta un escrito del director general de Dependencia del Govern, Juan Manuel Rosa, al director general del Imserso, César Antón, en el que le explica la situación y le detalla la evolución a la baja de la cuantía transferida a Balears para gestionar las pensiones no contributivas. En este sentido, Santiago pide la "colaboración" de Alonso para solucionar este asunto.
La consellera explicó que ha llamado al ministro "en dos ocasiones" desde que asumió la conselleria de Servicios Sociales sin lograr hablar él ni obtener, hasta ahora, una respuesta.
