La Audiencia Nacional ha ordenado que se investigue si las empresas que se encargan de la gestión de los residuos sanitarios de Balears se concertaron para perjudicar a un competidor. Los jueces han anulado la decisión del Tribunal de la Competencia, que decidió archivar la denuncia de la empresa Adalmo, que durante años se encargó de la gestión de los residuos del antiguo hospital de Son Dureta.
El órgano dependiente del ministerio de Economía entendió que no se había podido demostrar que las tres empresas que lograron la concesión de esta tarea se habían dedicado a concertar precios y a compartir recursos entre ellos para evitar la entrada en el sector de una empresa de la competencia. Dicha empresa acusaba a sus competidores, además, de repartirse los clientes públicos y privados, compartiendo las tareas y los materiales de reparto.
Esta denuncia motivó la apertura de un expediente de investigación. Sin embargo, se concluyó que las conductas que se denunciaban no eran sancionables, por cuanto en realidad las empresas lo que hacían era segmentar el trabajo. Es decir, cada una se dedicaba de un aspecto concreto de la gestión de residuos, sin que existiera ninguna prueba que determinara que había existido un acuerdo entre los directivos. Además, se consideraba que la empresa Adalmo no había sido apartada el negocio, ya que había ganado algunos concursos públicos para encargarse de la gestión de los residuos sanitarios.
Sin embargo, la empresa mallorquina acudió a los tribunales para conseguir la nulidad de dicha decisión, al entender que el acuerdo de las otras competidoras le habían supuesto un perjuicio económico grave.
La Sala de la Audiencia Nacional entiende que el Tribunal de la Competencia no ha valorado correctamente los hechos, sobre todo porque no se han tenido en cuenta los correos electrónicos entre los directivos y las notas manuscritas que fueron intervenidas. Dichas pruebas demuestran las reuniones y los acuerdos alcanzados entre los distintos responsables de las empresas.
La gestión de residuos que generan los hospitales se divide en varios grupos, dependiendo del producto que se debe tratar. Las tres empresas que serán investigadas disponen de la autorización para reciclar los distintos materiales sanitarios que se eliminan. A pesar de ello, la Audiencia Nacional no entiende que estas empresas puedan hablar de que las tareas se subcontratan, debido a que no disponen del material suficiente para realizar un trabajo específico. Una de las empresas alegó que se intercambiaban las tareas, ya que carecían de un camión especial adaptado para recoger este material. Este argumento no fue aceptado porque la inversión en un vehículo es ridículo teniendo en cuenta el presupuesto del contrato.
La Audiencia Nacional entiende que en la política de tratamiento de residuos en Balears no se tiene en cuenta el principio de competencia, pues se ha demostrado que dos de las empresas se dedican a la recogida y transporte del material de desecho, mientras que la tercera se encarga del tratamiento, sin que ello suponga una tarea especializada, como señalaba el Tribunal de la Competencia. Por tanto, los jueces dan la razón a la empresa que pretende entrar en el sector y ello supondrá la reapertura del expediente de investigación que se abrió tras la denuncia.
Este expediente, si se confirma que existió un concierto entre diferentes competidoras del mismo sector, podría terminar en una elevada sanción económica.
