Hasta el año 2011 las ofertas económicas de las empresas que optaban a adjudicarse el contrato público para encargarse del transporte y tratamiento de residuos sanitarios eran muy similares. Sin embargo, a partir de ese momento, según destaca la sentencia de la Audiencia Nacional, se produce un descenso "bastante relevante" en el precio de las adjudicaciones, lo que es interpretado por una de las empresas afectadas en un intento de expulsarla del mercado. Un objetivo, que según reflejan los correos electrónicos que se escribían entre los directivos, no era obtener beneficios económicos a través de esta contratación pública, sino de perjudicar a la otra empresa competidora. "El objetivo para los próximos dos años es intentar que no logre ningún contrato importante y el margen de beneficio es secundario. Es muy importante que dentro de uno o dos años haya logrado una cuota mínima de mercado y, lo que no podemos olvidar, que Adalmo bajo ningún concepto pueda lograr la clasificación del tratamiento, ya que eso podría dejarnos fuera de los concursos", señala uno de los correos. Para los jueces este escrito es muy significativo ya que varias empresas, dedicadas al mismo sector y por tanto competidoras entre ellas, alcanzan un acuerdo para perjudicar a un tercero. Mucho más si se tiene en cuenta que estas empresas no solo niegan dicho concierto sino que mantienen que compiten entre ellas dentro del mismo sector.
La Audiencia Nacional entiende que el Tribunal de la Competencia debió valorar mejor los datos que se han recogido tras esta denuncia, dado que existen indicios de que ha existido un acuerdo entre las empresas para repartirse clientes y concertar los precios del trabajo.
