Joan Boned: "Aprobaremos una suspensión cautelar de proyectos para revisar la normativa territorial"

-Aun le quedan por decidir nombramientos, entre ellos los de los responsables de empresas como la SFM o el IBAVI. ¿Le han dicho muchos eso de "qué hay de lo mío"?

-Eso es inevitable. Propuestas te llegan 200, pero las decisiones sobre los nombramientos las tomaremos en la conselleria y en función de la efectividad y capacidad de gestión.

-¿Ha comenzado a trabajar ya en la revisión de la normativa territorial aprobada en la pasada legislatura por el Govern del PP?

-Suelo soltar con cierta facilidad la palabra coherencia. En la pasada legislatura, como diputado en la oposición, mantuve un criterio de exigencia y reclamación al PP e hicimos propuestas con solicitud de revisiones, cambios y alternativas. No sería ni coherente ni ético por mi parte que ahora, que tengo la responsabilidad en esa área de gestión, me planteara aparcar lo que propusimos estando en la oposición. La política territorial es uno de los puntales de la gestión de mi Conselleria y uno de los objetivos básicos es la revisión de la normativa.

-¿Ha detectado que ese anuncio haya disparado las alarmas en sectores económicos poderosos?

-Hablo siempre de revisión y modificación. Nunca he hablado de arramblar y empezar de nuevo todo. No tiene sentido cambiar aquello que funciona, con independencia de quien lo haya aprobado. Hay que modificar y revisar lo que desde el principio dijimos que no era correcto. Por ejemplo, determinadas propuestas como las de amnistías en suelo rústico hay que descartarlas. No se trata de negar la posibilidad de que se regularicen determinados inmuebles en suelo rústico, pero partiendo de la base de que son edificaciones a partir de una ilegalidad. No puede ser que resulte más fácil acabar teniendo una vivienda legal en suelo rústico a quien parte de una infracción que al que parte del cumplimiento estricto de la normativa. El infractor, con la normativa del PP, no tiene la sensación de que se le está sancionando.

-¿A cuánto ascenderán las multas?

-La Ley de disciplina urbanística establece criterios de sanción y sanciones muy superiores a las que preve la Ley balear. Establece multas de hasta el 50 por ciento, mientras que el PP puso el máximo del 25 por ciento para regularizar esas construcciones en rústico. Como mínimo debe ser de ese 50 por ciento. Cuando hablamos de irregularidades hay que ser claro y contundente y el infractor debe notar que no ha merecido la pena cometer esa ilegalidad.

-Se reunió con la Federación Hotelera. ¿Ha recibido presiones para que la revisión territorial no conlleve una marcha atrás en las facilidades que obtuvieron del Govern de Bauzá?

-Me reuní con ellos y ese tema no salió en la conversación. En la pasada legislatura la normativa directa de regulación del territorio y del suelo pretendía ser lo más transparente, clara y menos asequible para la especulación del territorio. Ahora bien, paralelamente a la tramitación y aprobación de una Ley del Suelo se fueron aprobando normativas en áreas de gestión distintas a la territorial. Hablo de la Ley Agraria, la Ley Turística y según me hacen saber los técnicos, también hay alguna cosa incluso en la Ley de Minas. Son leyes paralelas en las que se aprobó la normativa que el PP y el conseller del ramo no se atrevieron a poner en la Ley del Suelo. En ese sentido hubo un fraude legislativo. Ahora deberemos extraer de cada una de esas normativas paralelas todo aquello que se refiera directamente a la gestión territorial y que no deba estar en esas leyes. Entonces analizaremos qué es lo que puede ser modificado, rectificado o incorporado a la Ley del Suelo. Todo lo que no tenga razón de ser que se mantenga será directamente eliminado.

-¿Qué proyectos pueden frenarse con esta revisión?

-No voy a entrar en proyectos concretos porque ahora está sobre la mesa el realizar un listado. Analizaremos todos los que haya. En algunos casos posiblemente la decisión no será de borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, habrá casos en los que se permita el proyecto, pero reduciéndolo de tal modo que se adapte a una política de preservación del territorio y no del uso indiscriminado del mismo. En algún momento, además, tenemos que sentarnos y ver hasta dónde podemos llegar, porque la capacidad de crecimiento no es infinita, mucho menos en un territorio insular. Hay que racionalizar el uso de lo que es la base de nuestra principal industria, que es el turismo. Sin un territorio y paisaje en condiciones que mantenga el atractivo que sirvió en su día de reclamo, estaremos abocados a acabar con la gallina de los huevos de oro."Lógicamente habrá una suspensión de determinadas tramitaciones que puede afectar a proyectos en marcha"

-¿Cuál es la primera Ley que piensa llevar al Parlament?

-Seguramente será una propuesta normativa que nos permita trabajar en la modificación del resto de leyes sin sufrir agobios de avalanchas de solicitudes de permisos y tramitaciones. Una normativa que nos permita evitar que el trabajo de modificación de la normativa territorial acabe en saco roto porque mientras lo hacemos nos han esquilmado el territorio. Intentaremos que esta propuesta vaya a principios del primer período parlamentario, tras el verano.

-Es decir, una moratoria o una suspensión cautelar de proyectos.

-Evidentemente hablamos de que determinada normativa deberá quedar en suspenso hasta que se apruebe la modificación. Lógicamente habrá suspensión de determinadas tramitaciones que puede afectar a proyectos que estén en marcha y deberán esperar a su reactivación. Cualquier normativa que pase por marcar pautas de tranquilidad a la hora de trabajar en modificaciones presupone determinadas paralizaciones y suspensiones de proyectos en alguna área.

-El pacto de gobernabilidad con Més y Podemos incluye la lucha contra la pobreza energética. ¿Cuáles serán las actuaciones en este sentido?

-Es uno de los puntos en los que ya hemos empezado a trabajar. A día de hoy existe un convenio entre Endesa y la Felib, al que se han ido acogiendo distintos ayuntamientos, que trata de hacer frente a situaciones de pobreza energética extrema, es decir, a cortes de energía por no poder pagar. Lo que ocurres es que cada ayuntamiento decide si se acoge o no a ese convenio. El Govern deberá regular alguna fórmula para que se atiendan las necesidades básicas y extremas de todos los casos. Eso pasa por regular desde una perspectiva autonómica y no solo teniendo en cuenta a Endesa ya que, aunque es el principal distribuidor, hay otros, si bien es cierto que por ahora no han llegado a los ciudadanos."No descartamos que la tarifa plana para los vuelos interislas se aplique también a turistas y no solo a residentes"

-¿Ha empezado a preparar la Ley de Energías Renovables?

-Vamos a trabajar en eso. También revisaremos el plan director del sector energético. Entre las cosas que hay que analizar es la situación del sistema de autoconsumo, con el que no estamos de acuerdo porque con esa normativa parece que se intenta asustar a los que opten por esta vía, en vez de ayudarles.

-Pero eso es normativa estatal.

-Sí. Habrá que estar en contacto con nuestros representantes en Madrid para que hagan las gestiones oportunas para modificarlo. En Balears, además, tenemos que hacer un claro planteamiento de energías renovables. Fundamentalmente se habla de fotovoltaica y eólica. En ambos casos, cuando aparecen propuestas encaminadas a esos sistemas de producción, todo acaba siendo problemas para hacerlos realidad. No hay opción real que resulte absolutamente nula en cuanto a impacto. Habrá que decidir qué impacto preferimos, si el producido por energías contaminantes o el que puedan producir sistemas como las renovables. Pero habrá que decidirse. Además, no deberíamos olvidar que tenemos el mar. Se está trabajando ya en sistemas de producción energética aprovechando su fuerza y es absurdo que en Balears, rodeados de mar, dejemos pasar esa oportunidad."No vamos a reactivar ningún proyecto ferroviario ni ampliación de la red hasta que la actual sea lo que debe ser"

-Los desahucios de viviendas son unos de los efectos más sangrantes de la crisis.

-Ha habido un abandono en materia de vivienda por parte del Govern del PP. Tenemos que recopilar toda la información, como por ejemplo hacer una relación de bienes inmuebles propiedad del IBAVI que tengamos posibilidades de utilizar. La prioridad es atender y facilitar el acceso a la vivienda. Lo de evitar desahucios, todos hemos podido comprobar que es más fácil decirlo que hacerlo. Habrá que trabajar para ver cómo ayudar a las familias que quedan en situación de necesidad. Hay importantes sectores empresariales y financieros con grandes stocks de viviendas vacías y sin uso. Intentaremos conveniar con quien sea necesario la disponibilidad de ese stock de viviendas para que desde el Govern podamos ofrecerlas a familias, si no en propiedad al menos sí en uso, que no disponen hoy de una vivienda digna. Lo haremos por la vía de establecer alquileres sociales en función de los ingresos de cada familia que lo necesite. Alguna parte del sector financiero con el que he tenido la oportunidad de sentarme me ha transmitido que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.

-¿Y las del IBAVI?

-Hasta ahora la base de gestión del IBAVI pasaba por conseguir terrenos, redactar promociones y proyectos, ejecutarlos y poner a la venta promociones de vivienda de protección oficial. Mantener políticas pasadas correspondientes a circunstancias muy distintas no tiene mucho sentido. Hay que modificar el objetivo del IBAVI y que su política fundamental sea el fomento del alquiler social, no la venta de viviendas de protección.

-¿Podemos olvidarnos en esta legislatura de proyectos ferroviarios como el de Llevant?

-Sí. No vamos a reactivar nada en este momento. En transporte ferroviario mi objetivo fundamental es el de no hablar de nuevos proyectos ni ampliaciones de la red hasta que no se pueda decir que la red actual responde a lo que debe ser un transporte público. Ahí pueden entrar varias propuestas concretas, entre ellas la de electrificar toda la red, que aproximadamente costará unos 50 millones de euros. Además hay que avanzar en el concepto de intermodalidad. Debemos buscar la formula para que el usuario pueda utilizar el transporte ferroviario, el autobús y el metro evitándole complicaciones, que haya una integración tarifaria y de uso.

-¿Madrid aceptará su propuesta de tarifa plana para las conexiones aéreas interislas?

-Hemos empezado ya a trabajar en esa vía como primera opción alternativa al actual sistema. Estableceré contactos con el Gobierno central para ver hasta dónde llega su sensibilidad en este aspecto. Si no la hay, tenemos la esperanza de que en las elecciones generales se produzca un cambio de Gobierno y haya más sensibilidad hacia los problemas de Balears. Hay que solventar la insuficiente declaración de servicio público y lo más urgente es la necesidad de transporte interislas. Intentamos lograr una tarifa plana de entre 30 a 35 euros. A posteriori podríamos intentar establecer tarifas planas para algunas conexiones con la Península, como por ejemplo Valencia. También analizaremos si esa opción de tarifa plana es aplicable a todos los pasajeros. Si beneficia el residente y podemos facilitar que los no residentes, por ejemplo turistas, puedan beneficiarse y se produzca cierto movimiento turístico entre las islas, no podemos descartar que sea una tarifa plana para todos en los vuelos interislas.

-En gestión portuaria también ha anunciado una política de freno a macroproyectos.

-Nuestra voluntad es buscar fórmulas para optimizar las instalaciones que gestionamos. No se van a tramitar nuevos proyectos de puertos deportivos. En cuanto a ampliaciones, la propia Ley de Puertos llama "sustanciales" a ampliaciones que por su volumen serían equiparables a un nuevo puerto. Por lo tanto, no a nuevos puertos ni a macroampliaciones como la del Molinar, en donde la ampliación si es sustancial.

-¿Ha analizado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016?

-Es claramente insuficiente. No puede ser que una Comunidad como Balears, que aporta tanto en solidaridad con el resto y recibe mucho menos de lo que da, acabe siendo una de las dos que menos recibe por habitante desde el presupuesto estatal. Probablemente mi Conselleria sea de las más afectadas. Creo que para el tren, por ejemplo, está prevista una cuantía mínima para Balears, aunque tenemos que estudiarlo con detalle. Pero una cosa es lo que fije el Presupuesto y otra el cumplimiento de compromisos adquiridos. Ahora viene el trabajo de enmendar ese Presupuesto a través de nuestros representantes en las Cortes y tratar de mejorarlo, aunque no soy optimista.

-¿Cómo ha encontrado las cuentas de su Conselleria?

-Habrá un poco de todo. Hay algunos apartados en los que podremos llegar a final de año, aunque en ningún caso podamos lanzar cohetes. Pero también, por lo que vamos viendo, habrá casos en donde habrá un importante déficit. Estamos haciendo el análisis y prefiero no adelantar aún nada, pero en diferentes aspectos tendremos que hacer frente a necesidades presupuestadas con un presupuesto que no existe. A la vista de los primeros datos, hay casos en los que vamos a tener dificultades económicas.