Bauzá amagaba con el catalán pero arreaba con el adoquín. Ningún gobierno autonómico, en Balears o en el resto del Estado, ha vomitado una furia legislativa de la pésima calidad acreditada por el último ejecutivo del PP. El nada sospechoso Avel.lí Blasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat, fue el primero en dar la señal de alarma al resaltar la inexistencia de precedentes en el recurso masivo y perverso al Decreto-Ley. El nada sospechoso Rafael Perera encabezó a menudo desde el Consell Consultiu los revolcones para frenar la legorrea del insigne jurista Antonio Gómez. El nada sospechoso Tribunal Superior de Justicia anuló en hasta seis sentencias el TIL, liquidando además numerosos despropósitos del ejecutivo popular. El nada sospechoso Rajoy amenazó a Balears con llevar al Tribunal Constitucional su bárbara Ley del Suelo, porque su pasión por el hormigón era pantagruélica incluso para la generosa concepción del PP estatal. El nada sospechoso Síndic de Comptes del PP llegó a establecer que todos los contratos de la conselleria de Sanidad eran incorrectos. Mientras tanto, los magistrados de lo Social anulaban sistemáticamente los despidos -o "eliminaciones", en la delicada oratoria de Bauzá- de trabajadores públicos. El catastrófico balance se saldó elevando a la irresponsable jurídica de la Comunidad a un macrosueldo vitalicio y un hueco de privilegio en las listas. Se lo había ganado con creces.
Dos de cada tres palabras que pronunciaba Bauzá eran "seguridad jurídica". Daba por sobreentendida la coletilla "para quien pueda pagarla". Al margen de la inseguridad que crea una legislación desbaratada sistemáticamente por instituciones superiores, los engendros jurídicos del Govern se basaban en introducir cláusulas que anulaban la virtualidad del texto concreto. La denominación Ley General Franco de Turismo no alberga ironía, porque desarrolla al milímetro el principio dictatorial de que toda construcción es posible si la patrocinaba el ejecutivo del PP.
Uno de los capítulos más gráficos sobre la caprichosa norma turística reside en la entrega de cualquier territorio balear a promotores opulentos, respaldados por "arquitectos de reconocido prestigio". En esta seguridad jurídica de pago, políticos de reconocido desprestigio como Bauzá debían decidir qué arquitectos poseían el renombre suficiente para levantar equivalentes al Palacio de Congresos en parajes privilegiados. Ni siquiera se sometían al arbitrio de un jurado de iguales. El president que nombró a Antonio Gómez o Juana María Camps, por poner dos casos extremos, se juzgaba al mismo tiempo idóneo para decidir sobre la excelencia arquitectónica.
La seguridad jurídica de pago ni siquiera es un invento del Govern Bauzá. Hipertrofia los abusos esbozados en anteriores gabinetes del PP, que preservaban un mínimo disimulo. A cambio, los efectos secundarios son los mismos que ha sustanciado a menudo la fiscalía anticorrupción. El cacareado "interés autonómico" es una expresión de interesado doble filo en labios de un ejecutivo popular.
La borrachera legislativa de Bauzá se centraba en textos que privatizaran la seguridad jurídica. Sus excesos le llevaron a volver excepcionalmente sobre sus pasos. Así, la segunda edición de la Ley de Símbolos fue retirada antes de que se demostrara que ningún mallorquín podía salir a la calle sin preguntarle antes a Gómez si vestía la indumentaria correcta. La portavoz Núria Riera superó su legendario "no hay que politizar las elecciones", al amparar el caos normativo auspiciado por su Govern bajo el subterfugio de la "agilidad". El Pacte III ha de barrer esta basura legislativa. No es una tarea envidiable, se debería reclamar la ayuda experta de Emaya para borrar las huellas jurídicas de Justiniano Gómez.
