El Pacto de izquierdas ya está trabajando para paralizar las grandes normas aprobadas por el Govern Bauzá y que abren la puerta a lo que llaman "urbanismo a la carta" y de "excesivo desarrollismo". Una de las primeras normas que quiere frenar es la Ley Turística, especialmente la disposición adicional que impulsa grandes complejos turísticos y de ocio, acompañados de oferta hotelera, en suelo rústico. De igual modo, quieren suprimir el artículo que da vía libre a las ampliaciones y legalizaciones hoteleras si son avaladas por un "arquitecto" o "artista" de prestigio.
David Abril, portavoz de Més, será uno de los diputados que deberá defender la derogación de esta norma. Recordó que en el acuerdo de gobernabilidad firmado por Més, PSIB y Podemos hay un acuerdo en revisar los artículos más "desreguladores y desarrollistas" en normas como la Ley de Turismo, la Ley del Suelo y la Ley Agraria.
Uno de los principales puntos que se derogarán de la Ley de Turismo será la disposición adicional 19. Este apartado de la norma apunta: "Se permitirá la actividad, en suelo rústico, de grandes equipamientos deportivos, recreativos, culturales o de cualquier otro uso que claramente contribuyan a la desestacionalización". En su apartado siguiente incluye que podrán construir un hotel de hasta 450 plazas junto al complejo. Además, se permitía su aprobación simplificando trámites y con la simple declaración de interés autonómico o turístico por parte del Consell de Govern.
Mediante esta vía se han presentado varias iniciativas que no han fructificado por falta de financiación. Asimismo, el complejo de sa Ràpita, paralizado ahora por la justicia por errores de tramitación, debía construirse mediante esta vía abierta por el Govern Bauzá. A lo largo de los últimos cuatro años ha habido otros proyectos que se presentaron al Govern del PP para ser construidos en suelo rústico. Es el caso de una cúpula de esquí en Sencelles con capital asiático que no fructificó. Otras iniciativas tampoco se concretaron por la situación de crisis económica.
La Ley Turística también permitía desarrollar otros complejos simplificando trámites administrativos a partir de la declaración de interés turístico. Es el caso del hotel de Melià en Magaluf o el de Cap Vermell en Capdepera.
El otro apartado que el Govern también quieren eliminar de la Ley Turística es el referido a que si un complejo turístico u hotelero estaba avalado por un arquitecto o un artista de prestigio tenía la posibilidad de ampliar sus instalaciones hasta un 40% de su capacidad. De igual modo, abría la puerta a que los establecimientos ilegales pudieran regularizar su situación, pese a ser ilegalizables o estar ubicados en suelo rústico. Antoni Reus, diputado de Més que se encarga de los temas turísticos, indicó que este punto es uno de los más "rechazables", ya que se "salta todas las normas urbanísticas con la escusa del arquitecto de prestigio".
Estos dos puntos son los que en las primeras negociaciones del pacto de gobernabilidad de los partidos de izquierda ya se pusieron sobre la mesa. Todas las formaciones tenían claro que debían ser derogados. Apuntaron que en los últimos años la crisis económica evitó que grandes empresas aprovecharan las normas "desarrollistas" del Govern Bauzá. No obstante, temen que con la reactivación pudieran aparecer proyectos que aprovechen estas puertas que les abre la Ley Turística.
Otro de los argumentos del Pacto de izquierdas para derogar esta norma son las duras críticas que se lanzaron contra el entonces conseller de Turismo Carlos Delgado, el artífice de la Ley Turística. Tanto las patronales de la oferta complementaria como el Colegio de Arquitectos se posicionaron totalmente en contra de la norma aprobada en 2012 por el PP.
Los arquitectos consensuaron un documento donde consideraban que la Ley Turística "devolvía a Balears al descontrol de los años 70". Entre otras cosas, criticaban que el empresariado turístico quedara "exonerado" de forma "exclusiva" del cumplimento de la normativa exigible para el resto de actividades económicas. También cuestionaron que los edificios ilegales "dejaran de estar en situación de fuera de ordenación y pudieran ser objeto de cambio de uso turístico" [es decir, convertirse en viviendas] y que los hoteles no necesitarán de licencias adicionales cuando quieran desarrollar usos secundarios.
El Colegio de Arquitectos también reprendió al Govern Bauzá por hacer distinciones entre arquitectos de prestigio y el resto: "Se trata de un concepto jurídico indeterminado y todos los arquitectos deben estar en igualdad de condiciones", apostillaron.
