La conselleria de Servicios Sociales y Cooperación que dirige Fina Santiago ya está trabajando en la derogación de una de las normas más controvertidas aprobadas por el Govern del PP. Se trata de la Ley de Protección a la Mujer Embarazada aprobada el pasado mes de septiembre. Era una norma concebida para crear el marco legal en el que las entidades provida y en contra del aborto pudieran tejer una red de ayuda a las mujeres embarazadas. El objetivo era que desistieran de interrumpir su estado de gestación.
La hoy consellera Santiago se mostró muy crítica con esta ley durante su etapa de diputada de Més en la pasada legislatura. La calificó de una norma "del todo ideológica" con la única finalidad de dar "subvenciones directas a entidades provida".
Además de la cuestión ideológica, desde el Govern exponen toda una batería de argumentos técnicos para derogar la citada norma. Uno de los principales motivos es que solo habla de crear una red para ayudar a las mujeres embarazadas en situación económica precaria para que no interrumpan su embarazo. Sin embargo, no incluye "ninguna medida de protección a la maternidad cuando estas mujeres hayan alumbrado a sus hijos".
En los artículos 7, 8 y 9 de la norma aprobada por el PP se habla de información personalizada a las mujeres embarazadas en los centros de salud y da acceso a las entidades provida a dar esta información mediante la creación de la red de apoyo. La conselleria de Servicios Sociales mantiene que existen otras leyes que establecen que la información necesaria sea facilitada por los médicos y los profesionales sanitarios sin necesidad de recurrir a entidades antiabortistas.
"El Institut Balear de la Dona es quien debe coordinar y facilitar la información a las mujeres en los centros sanitarios. Esta establecido que se les da información sobre sus derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, sin que sea necesaria la creación de una red paralela", indican desde Servicios sociales y Cooperación. Además, añaden que la información facilitada a las mujeres embarazadas por entidades sin ánimo de lucro "no garantiza que esté libre de perjuicios".
La derogación de la Ley de Protección a la Mujer Embarazada será una de las primeras medidas que impulsará el nuevo Govern después del verano. A finales del mes de septiembre la medida podría tener su entrada en el Parlament.
