El pleno del Parlament validó ayer el decreto ley que suspende durante seis meses la concesión de licencias comerciales a grandes superficies, una iniciativa que contó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios con la excepción del PP, que optó por la abstención a pesar de mostrar su apoyo a la actitud de diálogo y "consenso" del Govern en este asunto. El popular José Vicente Marí justificó la abstención en que, según sostuvo, el decreto ley se ha elaborado con "prisas" y la moratoria en la concesión de licencias es "vulnerable" ya que, en su opinión, hubiera sido más "idóneo" que fueran los consells insulars los que aprobaran la moratoria "con carácter previo al inicio de la redacción de sus planes directores".
El decreto ley validado ayer fue aprobado hace poco más de una semana por el Govern para evitar la suspensión de la Ley de Comercio balear, aprobada por el anterior Ejecutivo del PP, ante la admisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra esta norma al considerar que invade competencias estatales.
El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, defendió la necesidad de aprobar esta moratoria para proteger el territorio y evitar la "inseguridad jurídica" provocada por el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de "grave deslealtad institucional" al adoptar una "decisión política arbitraria" que supone una "agresión injustificada".
Negueruela resaltó que el Govern ha optado por la vía del decreto ley para evitar la "situación de indefensión" de Balears. Añadió que "la actuación del Govern ha sido rápida" y se ha basado en "el diálogo y el consenso para proteger la seguridad jurídica y los intereses de Balears". En este sentido, insistió en que el Ejecutivo de Francina Armengol apuesta por el "diálogo" como forma de gobernar. "El diálogo nos hará más fuertes, frente a los que creen que la fuerza es la imposición", dijo dejando claro que "diálogo no significa plegarse" a lo que vaya en contra de los intereses de Balears.
El popular José Vicente Marí, quien defendió la "plena constitucionalidad" de la Ley de Comercio elaborada por el anterior Govern del PP, alabó la actitud de diálogo de Negueruela a la vez que atacó a la presidenta del Govern, acusándola de lanzar "declaraciones incendiarias" y actuar con "imprudencia". Según Marí, las "prisas" del Ejecutivo de Armengol hicieron que se llevara a Consell de Govern el decreto ley cuando se había convocado una reunión bilateral con el Gobierno de Rajoy en la que "se podía haber conseguido la retirada del recurso de inconstitucionalidad".
El PP se sumó a la petición de El Pi y Ciudadanos de que, una vez validado el decreto ley, se tramitara como proyecto de ley para introducir enmiendas al texto, una propuesta que fue rechazada por los grupos que dan apoyo al Govern (PSOE, Més y Podemos).
La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, sostuvo que aunque la Ley balear tiene aspectos que "no gustan" a su partido, "protege al pequeño comercio", a lo que añadió que no se puede "destruir un solo puesto de trabajo más" en Balears, algo que ocurriría en el pequeño y mediano comercio si se implantan nuevas grandes superficies. Camargo acusó al Gobierno central de "irresponsabilidad" y sostuvo que las islas "no son un gran centro comercial", a la vez que aprovechó para acusar al PP balear de haber estado centrado estos días en sus "luchas internas" y su "guerra de familias" en lugar de preocuparse por el recurso del Gobierno de Rajoy. Junto a ello apostó por la "regulación" de cuestiones como el establecimiento de grandes superficies, entre otros asuntos, frente a la defensa de la liberalización ya que "entre el fuerte y el débil, a veces la libertad oprime y la regulación, libera".
David Abril, de Més, se sumó a las críticas al PP, que "también tuvo muchas prisas a la hora de suprimir Ses Fontanelles del Plan Hidrológico" para permitir la construcción de un gran centro comercial. Tanto Abril como Nel Martí, diputado econacionalista de Més per Menorca, emplazaron a los senadores autonómicos por Balears, en especial al expresident José Ramón Bauzá, a adoptar iniciativas en la Cámara Alta contra el recurso del Gobierno de Rajoy
Josep Melià, de El Pi, defendió la necesidad de dar "un golpe sobre la mesa en defensa del pequeño y mediano comercio" de Balears y Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos, pidió que el Govern mantenga "la búsqueda general del consenso" como práctica habitual y no sólo en este asunto.
El pleno, que comenzó con un minuto de silencio por la asesinada la pasada semana por su expareja en Sant Jordi, contó con la presencia de las patronales del pequeño y mediano comercio, que mostraron su apoyo al decreto ley.
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