La Conselleria de Servicios Sociales del Govern solicitará en el Consejo Interterritorial de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la modificación de los baremos de dependencia para regresar a los que utilizaban en 2007. Según explican desde el departamento autonómico en una nota de prensa, el sistema por el que se asignan los diferentes grados de las personas dependientes fueron modificados por el Gobierno central en 2012 de "manera unilateral" y hacia la baja. Esto provocó situaciones de pérdida de derechos a servicios y prestaciones por dependencia hasta ahora consolidados, destacan desde el departamento, dirigido por la consellera de Més, Fina Santiago.
Los responsables de Servicios Sociales recuerdan que los baremos actuales clasifican la situación de dependencia en una única división en tres grados: dependencia moderada, severa y gran dependencia. Además, aseguran que el sistema implantado en el año 2012, ha provocado que personas que tenían un grado de dependencia ya consolidado lo puedan ver modificado.
Este cambio de baremos afecta a todo el colectivo de personas dependientes y en especial a los menores, que con las ayudas que reciben sus padres pueden haber mejorado en su autonomía, perdido un grado de dependencia en la última valoración y por tanto, dejar de tener los recursos económicos o asistenciales que habían provocado esta mejora, una paradoja que desemboca en injusticia, vienen a decir en el Govern.
Consenso roto por Madrid
Por este motivo, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, pedirá en Madrid que se vuelvan a los baremos del año 2007, que fueron consensuados con todas las comunidades autónomas.
La aplicación de los baremos de dependencia son de obligado cumplimiento, pero desde la Conselleria de Servicios Sociales del Govern presidido por Francina Armengol ya se han dado instrucciones a todos los valoradores para que, en caso de duda, la interpretación siempre se haga a favor del usuario. Santiago pedirá también al Gobierno central que los baremos no tengan carácter retroactivo, para evitar que se puedan perder derechos consolidados, como el de una plaza residencial o reducir la prestación económica que recibían hasta ahora.
