El Govern balear reclamará finalmente al Estado los 1.300 millones de euros que calcula que le adeuda en concepto de inversiones estatutarias desde 2007. Según anunciaron ayer el vicepresident del Govern, Biel Barceló, y el conseller de Presidencia, Marc Pons, a diferencia del Ejecutivo comandado por el expresident Bauzá, el nuevo equipo integrado por PSIB y Més no descarta recurrir a la Justicia en última instancia para que la comunidad autónoma pueda recuperar el dinero que le corresponde por ley, que el Gobierno Rajoy decidió unilateralmente dejar de pagar como parte de sus medidas de ajuste presupuestario.

En concreto, el Govern presidido por Francina Armengol reclama 500 millones de euros de de 22 convenios firmados entre 2007 y 2011 que nunca llegaron al archipiélago. Pons y Barceló criticaron además que el Govern del PP no reclamase el dinero durante los últimos cuatro años, al tiempo que era incapaz de aprobar un régimen especial para las islas el año pasado, como determinaba la ley. En base a estas premisas, el Govern calcula que por este concepto entre 2011 y 2015, el archipiélago dejó de ingresar unos 800 millones de euros. Así se llega a los 1.300 millones que ahora exige Balears al Estado.

El vicepresident Barceló explica que lo primero es reclamar al Gobierno central "por la vía que toca", y si después de esos contactos no hay respuesta, el Ejecutivo autonómico se planteará "todas las acciones incluida la judicial" para que las islas reciban esos 1.300 millones, inversiones obligadas por una ley orgánica sancionada en el Parlament balear y el Congreso de los Diputados, durante la segunda legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Antes de llegar a los tribunales, el Govern espera "receptividad" por parte del Estado, tanto en asuntos de financiación como de inversiones, ya que, según Barceló, las islas se encuentran en "una situación límite desde el punto de vista económico". De ahí la importancia de esos 1.300 millones, máxime cuando el Gobierno central está exigiendo a Balears recortes adicionales de casi 500 millones de euros en el próximo año y medio.

Concretamente, los 22 convenios firmados entre 2007 y 2011 suman 859,5 millones de euros, de los cuales la comunidad ingresó 359,8 millones, se ejecutaron 293,5, y quedan por ejecutar 66,1; por lo tanto, hay otros 500 millones pendientes. Barceló apunta que esos 66 millones de euros serán reclamados por el Estado porque no han sido ejecutados y para no perderlos, el Govern pedirá prórrogas sobre los convenios que están por caducar.Cada conselleria afectada deberá mantener reuniones bilaterales con el ministerio correspondiente para intentar arreglar la situación y no perder los importes.

Partidas que caducan ya

Algunos de estos acuerdos caducan en agosto, otros en diciembre y algunos más a finales de 2016, precisó Barceló, que ha criticado que el Estado "no solo no ha cumplido sino que ahora comenzará a reclamar una parte de estas cantidades". El vicepresident califica esta situación de "injusta" para la comunidad, de la cual es responsable en parte del Estado que no ha pagado lo que le corresponde, pero también el Govern anterior que durante su legislatura no ejecutó ningún proyecto.

Muchos de los convenios afectados tienen relación con innovación, turismo y medioambiente, entre ellos uno en Platja de Palma y otros de la Enclusa, en Menorca. "No tenemos ni régimen especial ni inversiones estatutarias y no es lo que dice el Estatuto (de Autonomía), debemos defender la ley y los intereses ciudadanos", zanjó Barceló, quien no esta dispuesto a "perdonar ni un euro" de lo que le corresponde a Balears.