La fijación de una tasa autonómica de diez euros por la renovación de la tarjeta sanitaria individual, antes totalmente gratuita, no ha solucionado los problemas de financiación de la sanidad pública balear pero al menos ha conseguido "sacar" de los bolsillos de los ciudadanos de estas islas un total de 8.426.017,29 euros desde que entró en vigor este nuevo gravamen, en enero de 2012, hasta el primer semestre de este año, según datos facilitados por el propio Servei de Salut.

En este periodo de tiempo se han renovado un total de 903.612 documentos imprescindibles para poder transitar por los diferentes niveles asistenciales del Servei de Salut ya que, a modo de ejemplo, son en estas tarjetas donde el médico de cabecera o el especialista prescribe los fármacos electrónicamente que luego el paciente tiene que retirar de las farmacias abonando el porcentaje que le corresponda en función de su nivel de ingresos o de su situación laboral.

La recaudación y expedición de nuevos documentos, desglosados por años, fueron los siguientes: en 2012 se renovaron un total de 282.000 tarjetas sanitarias y por la expedición de estos títulos el IB-Salut recaudó un total de 2.789.160,72 euros; al año siguiente se renovaron 214.667 tarjetas sanitarias por las que los ciudadanos de esta comunidad autónoma desembolsaron 2.507.409,33 euros; el año pasado se alcanzó el mayor número de documentos tramitados, un total de 283.873, y por ellos se desembolsaron 2.301.928,71 euros; Por último, hasta el primer semestre de este año se han renovado 120.072 tarjetas por las que el Servei de Salut facturó un total de 827.518,59 euros.

El IB-Salut abundó que, a uno de julio de este año, en esta comunidad había activas un total de 1.042.821 tarjetas sanitarias de las que 820.390 son de Mallorca, 129.381 de Eivissa, 8.982 de Formentera y 84.068 de Menorca.

Como se recordará, el pasado 17 de julio el Govern decidió devolver la asistencia sanitaria universal y gratuita a los cerca de 20.000 inmigrantes en situación administrativa irregular a los que se les había retirado cumpliendo el real decreto16/2012 promulgado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor en septiembre de ese año.

Y mientras a estos colectivos se les facilitará un documento de manera totalmente gratuita, los ciudadanos "legales" de esta comunidad deberán seguir pagando esta tasa por renovar su tarjeta hasta final de año. El argumento dado por el actual Govern es que esta tasa fue fijada por la Ley de Presupuestos de 2015 y que, para derogarla,sería necesaria otra ley y que su larga tramitación provocaría que se aprobara más tarde que la Ley de Presupuestos para el próximo año en la que el actual Ejecutivo ha garantizado que ya no figurará este gravamen.

No obstante, datos no oficiales permiten aventurar que, de aquí a final de año, no menos de otras 120.000 tarjetas perderán su vigencia. Y estos ciudadanos tendrán dos opciones: intentar sobrevivir con ellas hasta que sea oficial la derogación de la tasa (la tarjeta, una vez caducada, mantiene su validez durante tres meses) o bien pasar por caja y pagar.