­El Govern va a aprobar una moratoria para evitar la implantación de más grandes superficies mientras se dirime el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo estatal contra la ley de comercio de las islas. El conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, que ayer se reunió con representantes de todo el sector, evitó utilizar la palabra ´moratoria´ y habló de que se tomarán las medidas necesarias para evitar que el vació legal que se puede generar suponga la petición masiva de autorizaciones para que estas grandes empresas entren en las islas. Sin embargo, el resto de los asistentes tuvieron menos problemas a la hora de anunciar la aprobación de esa suspensión temporal de licencias.

El conseller Negueruela se reunió ayer con carácter de urgencia con representantes de las patronales del comercio tradicional Afedeco y Pimeco, de la asociación de grandes superficies (Anged), de los sindicatos UGT y CCOO, de las asociaciones de consumidores, de los consells insulars y de la federación de entidades locales, y el resultado del encuentro fue óptimo para el nuevo Ejecutivo balear: la práctica totalidad del sector se pone del lado del conseller a la hora de defender la ley balear.

Solo Anged marcó una cierta distancia del resto, al anunciar su portavoz en las islas, Francisco García, que las grandes empresas no adoptarán una postura definitiva hasta conocer de primera mano el texto del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, aunque recordó también que éstas habían apoyado la normativa que ahora Madrid cuestiona. En cualquier caso, Francisco García consideró que la adopción de medidas cautelares no parece justificada en estos momentos por considerar que no hay proyectos para la entrada de nuevas grandes empresas sobre la mesa, y que en cualquier caso siguen existiendo normativas municipales para evitar o no su implantación.

Pero al margen de los matices de Anged, el respaldo del resto de organizaciones a la ley balear de comercio y a las medidas que para defenderla pueda aplicar el Govern fue total.

Según explicó tras la reunión el conseller, el Ejecutivo balear va a promover algunas modificaciones en la normativa autonómica para mejorarla y adaptarse a lo pactado con el Estado, en relación a temas como la aprobación de licencias pos silencio administrativo, al ser cuestiones que se habían estado consensuando con Madrid durante los últimos días. Pero mientras estos cambios se tramitan, se aplicarán fórmulas para evitar que un posible vacío legal permita la implantación de más centros comerciales.

Fueron el resto de asistentes los que explicaron con mayor claridad los pasos que se van a seguir. La suspensión cautelar de licencias no será promovida desde los consells insulares con motivo de la elaboración de los futuros planes sectoriales de comercio, sino que será el propio Govern el que la apruebe alegando la citada reforma en la ley.

Además, Negueruela anunció que hoy se reunirá con los representantes de todos los grupos políticos del Parlament para buscar su respaldo, algo que en su opinión podrá obtenerse, al recordar que fue el anterior Govern del PP el que elaboró dicha norma, con el consenso de las distintas formaciones políticas y de las patronales isleñas.

Apoyo al Govern

El respaldo al trabajo que a partir de ahora haga la Conselleria para defender la ley balear fue expuesto por los participantes en el encuentro, con la excepción antes señalada de Anged. Así, el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Pau Bellinfante, expresó su sorpresa y malestar ante la decisión del Gobierno central de recurrir "una ley consensuada por todos", y acusó al Ejecutivo del PP de perjudicar seriamente al sector comercial de las islas y de generar inseguridad jurídica.

Los secretarios generales de las federaciones de comercio de UGT y de CCOO, Antonio Copete y Ginés Díez respectivamente, se sumaron a este apoyo a la Conselleria y defendieron la aprobación de la citada moratoria. Aunque recordaron que en su momento no respaldaron la normativa autonómica, sí consideraron que ésta es mejor que la estatal. En opinión del representante de CCOO, la presentación del recurso de inconstitucionalidad no es más que una "venganza política" por el cambio de color que se ha registrado en el Ejecutivo balear.

El presidente de la asociación de consumidores La Defensa, Bernat Ferrer, también expresó su respaldo al Govern y señaló que las islas no necesitan ni una sola gran superficie más, al considerar que la oferta empresarial existente y los horarios y días de apertura autorizados son más que suficientes para que los baleares puedan hacer sus compras sin problemas.

Además, los asistentes señalaron el error político cometido por el PP estatal, al hacer conseguido que todo un sector se posicione a favor de un Ejecutivo de PSOE y Més a pocos meses de unas elecciones generales.