"Nos sentimos agredidos y muy traicionados con el Gobierno central", declaró ayer el nuevo conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela. El Govern balear acusó a Mariano Rajoy de incumplir el preacuerdo alcanzado a principios de semana sobre la Ley de Comercio. Negueruela mostró su indignación ante el recurso institucional interpuesto por el Gobierno central y calificó la medida como "totalmente injustificada". Además, el conseller acusó a Rajoy de haber aprovechado el vacío de poder para presentar el recurso, limitando el plazo máximo al último día y sin previo aviso.
La directora general de Comercio, Pilar Sansó, explicó que el pasado lunes se cerró un acuerdo con el Ministerio de Economía que admitía las restricciones de tamaño de las grandes superficies de la norma balear respecto a la regulación estatal. Por ello, "entendíamos que se iba a lograr un acuerdo", subrayó Sansó, quien se vio "muy sorprendida" con la última decisión del Gobierno, dejando atrás todo lo acordado.
La reacción del Govern ha sido inmediata y Negueruela afirmó con gran rotundencia que "el Govern no va a permitir una agresión injustificada del Gobierno del señor Rajoy" y que se van a dotar de "mecanismos de protección" para evitar los prejuicios que dicha ley provoca.
El conseller eludió avanzar las medidas porque quiere plantaerlas primero a los agentes políticos y sociales para formar un frente común. Aun así, Negueruela asegura que el Govern "se siente fuerte" ante el Gobierno central. De momento, el nuevo ejecutivo ha convocado de urgencia, para el lunes, una reunión con los representantes de las diferentes patronales, los Consejos Insulares, los sindicatos y asociaciones de consumidores, para valorar y adoptar las medidas pertinentes
Medidas y consecuencias
El conseller de Trabajo, Comercio e Industria manifestó con rotundidad que la derogación de esta ley supone "la ruptura del equilibrio del medio ambiente" de las islas. Una "grave situación jurídica que pone en peligro a Balears" ya que este recurso abre la posibilidad de construir grandes superficies comerciales de hasta 750 metros cuadrados, sin tener en cuenta la limitación territorial de cada una de las islas ni la necesidad de una autorización previa del Govern.
Además, el ejecutivo ha pedido una reunión urgente con el ministro de Economía y Competividad, Luis de Guindos, para valorar las graves repercusiones económicas y ambientales que puede provocar esta medida en Balears y a fin de llegar a una solución que beneficie a ambas partes.
La ley balear de comercio fue una medida aprobada por el propio Partido Popular de Balears en octubre de 2014, quien continúa apoyando el decreto pese a la negativa de su propio partido en Madrid.
El nuevo conseller aprovechó la ocasión para dar el pésame a los familiares y amigos del trabajador fallecido en un accidente en Artà. Negueruela pidió precaución y aumentar la seguridad si cabe, para que este tipo de incidentes no sucedan.
