El Consejo de Ministros aprobó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de comercio de Balears por invadir competencias exclusivas del Estado y establecer una regulación contraria a los dispuesta en las leyes básicas de comercio interior, una decisión que ha desatado las iras del nuevo Govern y de las patronales isleñas de este sector, que no han dudado en calificar de "agresión" lo sucedido y han advertido del riesgo de que ahora se registre una entrada masiva en el archipiélago de proyectos para nuevas grandes superficies.

Según la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno recurre la ley balear, aprobada en octubre del año pasado, al considerar que vulnera los requisitos básicos del comercio interno respecto a autorizaciones y condiciones para la implantación de los establecimientos comerciales. Asimismo, ha pedido al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la normativa autonómica.

Esta posible suspensión es un aspecto que genera una especial preocupación, según se reconoce desde el Govern del PSOE y de Més, al considerar que el vacío legal que genera puede ser aprovechado por grandes empresas para iniciar la tramitación de nuevos proyectos, y deja la puerta abierta a un fuerte perjuicio medioambiental y territorial, según se apunta, o a elevadas indemnizaciones en el caso de que se intente su posterior paralización.

Pero además, fuentes del Ejecutivo ven también en lo sucedido una "agresión" a la autonomía balear y a la capacidad para legislar sobre temas de su competencia, como el comercio.

De este modo, se ha anunciado que el conseller del ramo, Iago Negueruela, solicitará una reunión inmediata con el Gobierno central, pero además va a convocar un encuentro urgente con los componentes de la mesa sectorial de comercio de las islas, para diseñar una estrategia en común.

Un aspecto que se lamenta especialmente es que representantes de la citada Conselleria llevaban días negociando con Madrid para abordar este problema, y ahora se han encontrado con la presentación del citado recurso.

El presidente de la patronal Pimeco, Bernat Coll, ha destacado que resulta muy significativo que el Ejecutivo central presente este recurso contra una ley aprobada por el anterior Govern del PP justo cuando éste ha cambiado de color político, y coincidió en que lo sucedido supone un golpe a la capacidad de autogobierno de Balears. Coll aseguró el respaldo del sector al nuevo Ejecutivo autonómico, pero también advirtió de que éste debe de demostrar su "valentía" a la hora de enfrentarse con Madrid. En este sentido, señaló que ahora es "más urgente que nunca" aprobar la anunciada moratoria contra la implantación de nuevas grandes superficies.

También el que fuera presidente de la Confederación Balear de Comercio cuando se aprobó la ley, Bartolomé Servera, considera que lo que está pasando explica la caída electoral del PP y subraya que éste partido se va a tener que enfrentar ahora a unas nuevas elecciones generales. Al respecto, recuerda que durante los últimos meses del mandato de José Ramón Bauzá ya advirtió que la gestión relacionada con el comercio estaba siendo "un engaño y un paripé". Como Coll, expresa su confianza en que el nuevo Ejecutivo autonómico "defienda con uñas y dientes" al pequeño comercio, y se muestra dispuesto ha organizar un frente común entre el sector y el equipo que ahora preside Francina Armengol.

Respecto a la decisión tomada por el Consejo de Ministros contra la ley balear, desde el Gobierno central se alega que "se considera que esos preceptos invaden las competencias exclusivas del Estado al establecer una regulación contraria a los dispuesto en diversas leyes estatales básicas en materia de comercio interior". Explica que el régimen balear exige dos licencias (la autorización autonómica, con carácter previo y el título municipal habilitante) para la abertura de comercios minoristas, mientras que el Gobierno establece sólo una confirmación. Además, la ley balear otorga un plazo de cuatro meses para notificar la autorización de instalación de un gran establecimiento comercial, lo que contraviene al plazo de tres meses que exige el Gobierno. También se cuestionan la regulación balear de las zonas de gran afluencia turística, por considerarla restrictiva.