Dos funcionarias del Consell de Mallorca confesaron ayer, al declarar como testigos en el llamado caso Cloaca, que descubrieron que se estaba tramitando un concurso amañado para la compra de sillas. Y lo detectaron porque dos de las ofertas para conseguir esta contratación pública eran del mismo grupo empresarial, hasta el extremo de que se trataba del mismo tipo de sobre y el anagrama en ambos casos era prácticamente idéntico. Sin embargo, y pese a estas sospechas, ninguna de ellas se atrevió a denunciar los hechos, ni a ponerlo en conocimiento de la entonces consellera Catalina Julve, una de las acusadas, que sostiene que en ningún momento conoció que este contrato estaba amañado.

Las dos funcionarias justificaron que no lo denunciaran porque únicamente eran auxiliares administrativas y "no era nuestro trabajo". Sin embargo, ambas señalaron a la entonces secretaria técnica, Coloma Castañer, como la responsable que impulsó la tramitación de este contrato para comprar sillas que se repartieron por los pueblos. Una compra que se hizo a través de dos contratos. El segundo lo ganó Simón Galmés, el empresario de Manacor que después fue contratado para convertirse en el controlador de los puntos de recogida de residuos, a razón de un sueldo de 9.000 euros al mes.

La fiscalía mantiene que Galmés no desarrolló nunca este trabajo, como muestra que apenas entregó informes al Consell sobre el estado de estas estaciones de control de residuos. El sueldo de Galmés lo pagaban las dos empresas concesionarias, que aseguran que la figura de la unidad de control la impuso el propio Consell, que decidió la persona que realizaría este trabajo.

La arquitecto que firmó un informe indicando que el valor de las sillas que adquirió el Consell era un precio de mercado, confesó ayer que ella no redactó este documento (de apenas dos líneas), pero puso su rúbrica. La funcionaria dijo que no sabía quién pudo redactar el documento. Sin embargo, la fiscalía interpreta que este informe formaba parte del amaño para justificar que se otorgara este contrato público, que no salió a concurso, a una persona próxima a UM. Las sillas se las compraron también a Simón Galmés.

Catalina Julve se sienta en el banquillo por haber autorizado este contrato, aunque ella justifica que llevaba poco tiempo en el cargo, no sabía que estaba amañado y que fue su secretaria técnica quien la convenció que lo firmara porque con anterioridad ya se había comprado otro lote de sillas.

Por otra parte, el jefe de servicio del Consell encargado del tema de residuos, que declaró como testigo, reconoció que nadie le informó que se había creado la figura de controlador y que se había elegido a Simón Galmés. Fue él quien lo pidió a las empresas y le comunicaron que se había creado esta unidad de control. El funcionario reconoció que se negó a firmar las facturas que presentaban las empresas de recogida de residuos al considerar que no estaban justificadas. Reconoció que nunca habló con Catalina Julve de estas irregularidades, pero sí con otros responsables.

El funcionario al que se le encomendó que controlara a Simón Galmés explicó que apenas le entregó informes sobre los estados de las áreas de residuos. Reconoció, sin embargo, que el empresario creó una página web y en ella iba introduciendo datos sobre el estado de estas zonas de recogida. Sin embargo, confesó que, pese a que le habían facilitado las claves, apenas miraba el contenido de esta página informática. El funcionario señaló que tampoco habló con Julve sobre este tema.