Miguel Ángel Bonet, el exasesor legal de la empresa pública Ibatur, que depende de la conselleria de Turismo, se convertirá en el próximo alto cargo del Govern que ingresará en prisión por corrupción. Ayer mismo, a través de su abogado, presentó un escrito en la Audiencia de Palma solicitando autorización para ingresar cuanto antes en la cárcel. Debe cumplir una pena de dos años de prisión por un delito de malversación. El tribunal no se opondrá a este deseo, ya que fue la misma Sala la que se opuso a concederle la libertad condicional. La petición aún no ha sido contestada, pero con toda seguridad Bonet ingresará en la prisión antes de final de semana.

El exasesor legal de la empresa pública había intentado retrasar el cumplimiento de la condena a través de la petición de indulto. La Sala le había concedido la suspensión, ante la hipotética posibilidad de que el Gobierno le pudiera conceder esta propuesta de gracia. Sin embargo, antes de que el Ejecutivo se pronunciara sobre esta petición, que se ha tramitado a través de la Delegación del Gobierno, Bonet ha renunciado a su solicitud de indulto y ha optado por reclamar su ingreso en prisión.

La defensa de Bonet había conseguido que el tribunal le impusiera una condena inferior a la que reclamaba la fiscalía, que le acusaba de un delito de malversación. El acusado, aprovechando el cargo de responsabilidad que tenía en la conselleria, se dedicó a desviar dinero público para destinarlo a su propio bolsillo.

El exasesor legal, según declaró probado la sentencia, se dedicó a tramitar contratos trabajos que no salían a concurso. Turismo podía contratar directamente siempre y cuando el presupuesto no superara los 12.000 euros. Aprovechando esta fórmula de contratación, Bonet firmaba contratos a personas de su entorno más próximo. Después certificaba que estas personas habían realizado el trabajo por el que habían sido contratados por la administración, cuando ello no era cierto. Para conseguir apoderarse definitivamente del dinero público, ordenaba que la administración abonara estos trabajos. El dinero siempre se ingresaba en cuentas bancarias de otras personas, ya que él no podía aparecer como receptor de estos fondos. Estos testaferros le entregaban después este dinero.

Según declaró probado la sentencia, a través de este sistema de engaño el antiguo asesor jurídico de la conselleria llegó a apoderarse de hasta 95.536 euros. Bonet desde el primer momento de su detención se mostró, no solo dispuesto a colaborar con la investigación, sino también a devolver los fondos que se había apoderado. Así, devolvió la cantidad de 95.536 euros, estrategia que le sirvió para que la acusación le reconociera la atenuante de reparación del daño.

Miguel Ángel Bonet ha vuelto a sentarse de nuevo hace pocas semanas en el banquillo de los acusados en el denominado caso Bitácora, que está pendiente de sentencia. Se le condenará al pago de una sanción económica, pero al tratarse de una multa no le supone ninguna agravante a su historial delictivo.

Con estos dos juicios no se terminan los problemas judiciales que padece el exasesor legal de Ibatur. Su nombre también figura en la larga lista de imputados que serán juzgados en el caso Nóos. Bonet autorizó con su firma la contratación, sin la necesidad de concurso, de varios proyectos que encabezaba Iñaki Urdangarin, en su intento de beneficiarse del dinero público. Al ser un personaje de tercer nivel en la trama y dado que no se benefició de fondos públicos, lo más seguro es que también alcance un pacto con la fiscalía.

Aunque podría haberse beneficiado de la libertad condicional, el tribunal se la ha denegado al tratarse de un caso de malversación de fondos públicos.