El escenario político alumbrado por las urnas en mayo propició ayer que tanto el Gobierno central como las autonomías se vieran en el peor escenario posible. No quería el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los gobiernos de izquierdas salidos de las elecciones le plantasen cara a la hora de hacer recortes, por eso intentó sin éxito convocar el consejo de política fiscal antes de que se constituyesen los nuevos equipos. No lo logró. Y ayer, en la cita decisiva, las autonomías le dijeron no a Montoro, pero el Gobierno central sacó adelante igualmente su planteamiento, que es justo el que no quería ni Balears ni nueve de las regiones más pobladas: más ajustes sobre lo ya ajustado. La única buena noticia que dejó el encuentro es que el Ejecutivo devolverá a Balears 553,9 millones de las entregas a cuenta realizadas en 2013.
El Gobierno Rajoy aprovechó su peso en el consejo (controla el 50% de los votos) para mantener el objetivo de déficit de las comunidades en el 0,7% del PIB para este año, el 0,3% en 2016, y el déficit cero ya en 2018. O traducido y aplicado a Balears: la comunidad, que el año pasado incumplió con creces el objetivo del 1% y gastó 458 millones más de los que ingresó (200 más de lo permitido) deberá cerrar este año con un desfase máximo de 190 millones y acabar el curso que viene con una diferencia entre ingresos y gastos de apenas 90. Es decir, el Gobierno Rajoy exigió ayer al nuevo Govern balear que recorte 400 millones más en año y medio, toda vez que al desfase del año pasado (458 millones) hay que sumarle los legados a última hora por Bauzá en forma de compromisos de gasto (subidas de salarios públicos) no previstos en los presupuestos.
¿Un ajuste imposible?
El escenario es así muy complicado. Casi imposible: recortar 400 millones en 18 meses, cuando Bauzá no logró rebajar esa cifra en cuatro años de tijeretazos que hundieron su popularidad. Tan difícil se antoja que en otras comunidades, como Cataluña, ya decían ayer que el Gobierno Rajoy puede pedir lo que quiera, pero que esas cifras de ajuste son ya imposibles, tras años en los que la administración eliminó primero grasa, luego músculo y ahora empieza a cortar huesos. Lo sabe la nueva consellera de Hacienda, Cati Cladera, que ayer estuvo entre las que plantó cara al ministro Montoro, al que afeó el reparto del déficit: el Estado se queda casi todo el margen, y deja una pequeña parte a las comunidades, que encima son las que pagan los servicios públicos más esenciales, la sanidad y la educación. También le recordó Cladera que está reclamando objetivos similares a comunidades con financiación diferente, algo que perjudica a Balears, como reconoció el propio Montoro cuando asumió que las islas están infrafinanciadas.
¿Significa todo ello que la nueva consellera planea incumplir con el ajuste? Pues ella misma aseguraba ayer a este diario que no. "Haremos lo que se pueda. En 2014 solo cumplieron cuatro comunidades. No queremos incumplir, pero va a ser muy complicado", recalcaba Cladera, que en las próximas semanas elaborará un plan para corregir el incumplimiento del año pasado, como exige el Ministerio.
Que esa es la clave. Una vez que el nuevo Govern se ha estrellado con la realidad y descubre lo que se preveía, que Rajoy y Montoro no abren la mano con el déficit, la cuestión es en qué va a recortar Balears. La consellera asegura que lo están estudiando, que se va a hacer el esfuerzo posible, pero con una idea central, "priorizar políticas de bienestar". ¿Qué significa eso? Y más: sin dinero, ¿cómo piensan cumplir promesas como repescar despedidos en sanidad y educación, recuperar sueldos de funcionarios o instaurar una renta mínima? "Veremos. Gobernar al final es priorizar. Tendremos que buscar de dónde se puede sacar sin dañar los servicios públicos", decía, críptica, la consellera.
Más impuestos
Aunque sacar 400 millones de gasto sin dañar los servicios públicos suena a milagro: ese dinero equivale a más de la mitad del presupuesto de educación, ocho veces el de consellerias como Turismo o el doble de lo que cobran al año los 27.000 trabajadores públicos de la comunidad. "Hay medidas fiscales progresivas que aprobaremos con rapidez", afirma Cladera, cuyo equipo tendrá que encontrarle forma a la ecotasa y a una reforma fiscal que cargue sobre los más pudientes para lograr más ingresos, como se plantea en el pacto de Govern.
Aún así seguirá sin dar. También se fían las cuentas a una mejora de modelo de financiación que llevará años negociar, aunque ni se ha empezado a hablar. Y se espera desde Balears que la mejoría económica que eleva la recaudación se traduzca en adelantos (entregas a cuenta de la liquidación de 2014) más elevados para elaborar el presupuesto de 2016. Ayer se lo pidieron a Montoro, cuyo ministerio, como adelantó el lunes Diario de Mallorca, baraja aportar casi 200 millones adicionales a las islas en 2016. Con todo, Balears se quedaría lejos de los objetivos que plantea el Gobierno Rajoy, empecinado en imponer recortes, "cuando la ciudadanía ha votado cambio y que se deje de cargar el esfuerzo en los ciudadanos y los servicios públicos", zanjaba ayer Cladera.
Además, el consejo de política fiscal entregó a las autonomías la liquidación definitiva de 2013. Según informó Hacienda, el Gobierno devolverá 1.775 millones a 13 comunidades, previsiblemente a finales de mes, por el ajuste derivado de las entregas a cuenta realizadas en 2013. De esta cifra, 553,9 millones corresponden a Balears.
