La fiscalía Anticorrupción negociará hasta el último momento conformar las penas con los cinco acusados del llamado caso Cloaca, cuyo juicio comienza hoy por la mañana en la Audiencia de Palma. En el banquillo de los acusados destaca, sobre todo, la presencia de Catalina Julve, la antigua consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel, por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad. Todo ello por la tramitación de un contrato menor, por el que el Consell de Mallorca aprobó la compra de más de 2.000 sillas, que se pagaron a un precio superior al mercado, para beneficiar a personas próximas a Unió Mallorquina.

Desde que se señalara la fecha del juicio, que está previsto que se prolongue durante toda la semana, las defensas de los acusados iniciaron un intento de alcanzar un pacto con la fiscalía. Acuerdo que pasa, lógicamente, por declararse culpable, devolver el dinero malversado y aceptar una pena de cárcel (aunque no suponga el ingreso). Pero en el caso de Catalina Julve dicho acuerdo no se ha firmado y, salvo que la situación cambie en el último minuto, la exportavoz de Unió Mallorquina afrontará el juicio y se defenderá de las acusaciones ante el tribunal. La fiscalía está dispuesta a rebajar la propuesta de sanción a la antigua política, siempre y cuando acepte una condena que suponga su ingreso en la cárcel. Esta condición no la acepta Catalina Julve, que sostiene que, si bien es cierto que ella firmó esta contratación irregular, lo hizo cuando apenas llevaba días ocupando este cargo de gestión pública y debido a esta inexperiencia aceptó este contrato. Además, asegura que las condiciones de este contrato no las acordó ella, sino su antecesor en el cargo, al que tuvo que sustituir tras su repentina muerte. Se trataba del conseller Miquel Riera. Mantiene que ella en ningún caso se benefició de un euro de dinero público, aunque se la acuse de malversación.

El juicio, no solo se celebra contra Julve, sino contra otros cuatro acusados. Se trata de Coloma Castañer, antigua secretaria técnica del Consell de Mallorca, los empresarios César García Rullán, Miguel Rullán Coll y Simón Galmés, todos ellos próximos a Unió Mallorquina.

El relato que realizan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán sitúa los hechos entre los años 2005 y 2006. El Consell aprobó la adjudicación de la recogida selectiva de residuos de Mallorca a tres empresas concesionarias. Les impuso a cada una que contrataran a Simón Galmés, militante de UM de Manacor, para que se encargara del control externo de esta recogida de residuos. Cada empresa pagaba mensualmente 3.000 euros por este trabajo. Es decir, Galmés se llevaba 9.000 euros al mes, aunque no se preocupó por llevar a cabo este trabajo de inspección, según mantiene la fiscalía Anticorrupción. Este empresario de Manacor llegó a embolsarse más de medio millón de euros a través de esta contratación, que se abonaron con fondos públicos.

Según el fiscal, las dos responsables políticas de UM, Julve y Castañer, también impulsaron un contrato para beneficiar a tres empresarios afines al partido. Les compraron las sillas, abonando casi 30.000 euros.